Gasteiz - A cerca de 20.000 familias vitorianas que viven en pisos protegidos el IBI les va a subir este año, de forma inminente, un 30%, lo que significa que pondrán a escote 1,1 millones de euros más que en 2015 mediante subidas en la cuota media de 42 euros. Si en algún lugar la noticia adelantada por DNA la semana pasada ha caído como un jarro de agua fría ha sido en los barrios nuevos, en Salburua y Zabalgana, donde se aglutina el grueso de la VPO de la ciudad.

“Sentimos malestar e indignación, esto nos cabrea, sobre todo por dos cosas. Una, porque siempre salimos perdiendo los mismos, y dos, porque se están usando diferentes varas de medir”. Así se pronuncia el presidente de Salburua Burdinbide, Ioseba Martínez de Guereñu, quien destaca el hecho de que “cuando el Gobierno Vasco dice que sube el valor de las VPO, Urtaran está de acuerdo, lo aplica y sube el IBI; y cuando la Diputación dice que baja el valor catastral, Urtaran dice que no puede perder recaudación y también lo sube. Lo sube siempre con diferentes razonamientos en función de sus intereses”, critica.

Al presidente del colectivo vecinal este episodio en torno a las viviendas protegidas le recuerda a la subida del 80% en los vados de los garajes que se decretó en 2014, que luego se bajó al año siguiente, pero que a la postre se ha traducido en un incremento del 20%, señala. “Y sobre todo en los nuevos barrios -añade-, volvemos a ser Salburua y Zabalgana los perjudicados”.

Desde que empezaron a llegar las primeras notificaciones a los domicilios Salburua Burdinbide ha empezado a recibir quejas, esperan más, y la asociación considera por ello que ha llegado la hora de reactivar la Plataforma por un IBI más justo. “No es lógico ni justo que sea a los jóvenes y el resto de personas que viven en una VPO porque no pueden pagar una libre, a los que se les grave, que al menos lo dejen como estaba”, reclama Martínez de Guereñu, que destaca el “cabreo” existente en el barrio por la falta de información con respecto a este tema. “Mucho hablan de participación y transparencia, y nunca nos enteramos de nada, esto es algo que ya lo sabía el alcalde”, censuró.

En Zabalgana el sentir es muy similar. “Es una subida desproporcionada, brutal para hacerse de repente”, señala Leila Martín, presidenta de Zabalgana Batuz. “No decimos que no haya que pagar impuestos -señala-, pero no tiene sentido que se suba el IBI cuando el precio de los pisos esta cayendo”. A Zabalgana Batuz también le están llegando quejas de los vecinos, y por ello el colectivo es partidario, al igual que Salburua Burdinbide, de convocar una reunión de la Plataforma por un IBI más justo. “Si hay que hacer movilizaciones se harán, es una subida muy dura y más a gente propietaria de VPO, que accede a ella por no poder un comprar un piso libre”, explica Martín, que al igual que Martínez de Guereñu critica la “falta de transparencia y de información, y no es la primera vez que lo denunciamos”. Por último, Martín destaca la “sorpresa, el cabreo, el miedo y la incertidumbre” que hay en el barrio, pues “mucha gente llega muy justa a fin de mes”.

Reparto de culpas Ayer al alcalde le tocó dar explicaciones sobre una cuestión que el equipo de gobierno conocía desde hace nueve meses y sobre la que ninguna institución ha informado. “Este gobierno no ha tenido nada que ver con el incremento”, dijo Urtaran, quien afirmó que “corresponde a la Diputación informar, pues es la que actualiza el valor máximo de venta de la VPO”. El alcalde exculpó al Gobierno Vasco de cualquier responsabilidad en esta cuestión, pues “actualiza los valores de forma automática”, y dijo que fue la Diputación la que no aplicó dichas revisiones. Afirmó además que el que pidió la actualización fue, en 2012, el gobierno de Javier Maroto, que “se lleva las manos a la cabeza cuando se aplica”. Urtaran, en todo caso, dijo entender “el malestar de muchos propietarios que de la noche a la mañana se encuentran con incrementos que no son justos. Asumo mi parte de culpa si no hemos hecho algo que teníamos que haber hecho”, señaló.El propio Maroto salió minutos después a la sala de prensa para denunciar la “puñalada trapera” que a su juicio supone este incremento y planteó su solución; girar sólo el 70% del recibo ahora, para dejarlo como estaba, y dejar pendiente el resto. Antes de cobrar ese 30% restante, Maroto propone acordar una bonificación por igual valor, y de esa manera los propietarios de VPO quedarían en paz con la Administración sin sufrir incremento alguno en su recibo. Desde el equipo de gobierno se aseguró ayer que ni la retroactividad en la regulación del impuesto ni el fraccionamiento que se plantea son posibles.

Por su parte, desde la Diputación se quiso aclarar que la institución foral “no es competente para informar a los contribuyentes, ni siquiera sabemos quiénes son los titulares de las VPO”, y señalaron que “quizá el alcalde se ha confundido”.

El mecanismo. La actualización de los precios de la vivienda de VPO en la capital alavesa era una necesidad histórica en la ciudad que el Ayuntamiento solicitó a la Diputación hace tres años. La institución foral ejerce como intermediaria en esta cuestión, pues es la encargada de pedir al Gobierno Vasco dichas revisiones globales, que el Ejecutivo lleva a cabo de oficio a lo largo de los años. El pasado mes de septiembre entregó los nuevos precios máximos de venta al Ayuntamiento.