gasteiz - Las grandes decisiones suelen estar precedidas por pequeños cambios. Discursos aparentemente inamovibles, recurrentes e impertérritos, en los que de repente alguien abre una grieta por la que, lo que hasta entonces parecía sólido, empieza a rasgarse como un folio. Si, como es el caso, el encargado de alterar ese discurso es nada menos que el presidente de la misma compañía que hasta entonces no se movía un ápice de su sitio, la grieta se transforma directamente en un socavón. Lo saben los economistas, como también lo sabía Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, cuando el jueves trasladó en una reunión con los sindicatos de su empresa que su intención es que la central nuclear de Garoña, de la que son propietarios al 50%, no reabra nunca sus puertas porque económicamente es totalmente inviable.

Sánchez Galán no dijo nada similar, en cambio, el día después de dicha reunión, durante la celebración el viernes en Bilbao de la Junta General de Accionistas de la compañía, ni en las no pocas entrevistas que concedió la semana pasada con motivo de dicha Junta, aunque días antes sí había señalado públicamente, quizás como aviso a navegantes, que si multitud de plantas atómicas de medio mundo se encontraban en proceso de clausura no era “por razones políticas”, sino porque “las centrales nucleares no son viables económicamente”.

La afirmación del presidente de Iberdrola sobre su intención de bajar la persiana de Garoña fue más o menos contundente en función de los diferentes sindicatos presentes en la reunión del pasado jueves, aunque al menso dos de ellos, ELA y Comisiones Obreras (CCOO), coincidieron ayer a la hora de confirmar el anuncio -cerrar Garoña- y los motivos que les trasladó Ignacio Sánchez Galán.

Según explicó el secretario de la sección sindical de CCOO en Iberdrola, Modesto Fernández, Galán explicó que clausurar definitivamente la central se basa en motivos puramente económicos, tras poner sobre la mesa la complicada situación que atraviesan otras plantas, el análisis sobre su viabilidad futura y las tasas e impuestos que sufren, además de los más de cien millones de euros que Nuclenor debería invertir en su adecuación. En palabras de Fernández, el mandatario de Iberdrola incidió en que “si mantener abierta Garoña no es rentable no están para perder dinero”.

Por su parte, desde ELA, presentes también en la reunión del jueves, confirmaron las palabras del presidente de la compañía eléctrica y, de hecho, reclamaron que “confirme públicamente” su decisión sobre su posible cierre definitivo. Un extremo que, según aseguraron ayer a este periódico fuentes oficiales de Iberdrola, no se producirá, entre otras cosas porque la multinacional eléctrica no quiso hacer “ningún comentario” al respecto. Cabe destacar, de todos modos, que ni ELA ni CCOO forman parte del comité de empresa de Nuclenor, formado por los sindicatos UGT, USO y Cuadros. Es más, los primeros mostraron ayer en varios medios su malestar por el hecho de que otros sindicatos dieran a conocer las afirmaciones de Sánchez Galán, cuya fiabilidad llegaron a poner en duda.

“sin comentarios” Si desde la eléctrica optaban por no hacer ningún comentario al respecto, desde Nuclenor, propietaria de la central y participada al 50% por Iberdrola y Endesa, optaron por apuntar que de momento, “nada ha cambiado, todo sigue igual que antes” y que “no hay tomada ninguna decisión” que pueda variar la hoja de ruta iniciada en mayo de 2014 con la solicitud oficial de Nuclenor de reabrir la central nada menos que hasta el 2 de marzo 2031, cuando el complejo atómico burgalés cumpliría sesenta años de explotación comercial. La explicación de Nuclenor estuvo acompañada de una sentencia similar en boca del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que en su especialmente ajetreado día de ayer -tuvo que salir a dar explicaciones por su aparición en el caso de los famosos papeles de Panamá- tuvo tiempo al menos para explicar que el Gobierno “no ha recibido ninguna petición” por parte de Nuclenor para tratar un posible cierre definitivo de Garoña. “Desconozco si Iberdrola ha tomado una decisión al respecto”, subrayó Soria.

En realidad, fuentes de los sindicatos presentes el jueves en la reunión con el máximo mandatario de Iberdrola ya apuntaron que éste había admitido que, de momento, no habían puesto en marcha ninguna petición o requerimiento oficial para enterrar la reactivación de la planta, además de que su postura se circunscribía a su empresa, sin aclarar si la segunda eléctrica propietaria de Garoña, Endesa, está también por la labor de caminar hacia esa dirección.

La incógnita, por tanto, no se despejará con claridad hasta que el Consejo de Administración de Nuclenor se pronuncie oficialmente. De hecho, el giro de guión que el presidente de Iberdrola trasladó a los sindicatos de su empresa contrasta notablemente con las decisiones tomadas en los últimos meses sobre la planta y la hoja de ruta que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -con mayoría de miembros del PP- está manteniendo firme pese al rechazo social y la presencia de un Gobierno en funciones a los mandos del ejecutivo. Hace unas semanas el CSN emitía un informe favorable con su sello de aprobación a las medidas adoptadas por Nuclenor para volver a poner en marcha el reactor de la planta del Valle de Tobalina. El informe contenía, sin embargo, un matiz sobre la fecha en la que se espera dé el visto bueno definitivo a la reapertura, pues el CSN afirmaba que la imagen del pulgar arriba o abajo no se produciría en ningún caso antes del segundo semestre del año.

Es decir, después de la más que posible reedición de las elecciones generales, previstas salvo acuerdo previo para finales de junio, lo que llevaría al nuevo Gobierno central resultante -si es que lo hay- a tener en su mano la decisión definitiva sobre la reapertura de la central atómica. Porque la decisión final sobre Garoña será una decisión no tanto técnica, ni tan siquiera económica, como política. Y la política, como la vida, da muchas vueltas.