gasteiz - La asociación de vecinos Salburua Burdinbide registró ayer en el Ayuntamiento vitoriano un documento en el que reclama al Consistorio los intereses de demora por los cuatro meses y medio que tardó la institución en devolver la fianza de ocupación de la vía pública en las fiestas del barrio. El colectivo vecinal ha aplicado los mismos baremos que emplea el Ayuntamiento para penalizar los retrasos en el pago de impuestos para calcular el perjuicio que se les ha causado.

Las fiestas se celebraron a mitad del pasado mes de septiembre, y Vía Pública tardó un mes en remitir a Tesorería el informe en el que se certificaba que todo estaba correcto y que los 1.200 euros de fianza debían devolverse íntegros a la asociación. Sin embargo, el dinero no regresó a su cuenta de origen hasta el 4 de marzo, según se le dijo a Salburua Burdinbide a causa de un error informático.

Fruto de ese retraso en el pago, el colectivo vecinal tuvo que hacer lo propio con una empresa que le prestó sus servicios. “A nosotros nos han puesto una multa de 75 euros por entregar ocho días tarde la memoria con las facturas que justifican la subvención municipal, y ellos, con miles de funcionarios con dedicación plena, tardan cuatro meses y medio escudándose en un fallo informático, nos parece totalmente injusto”, explicaba ayer a este periódico el presidente de la asociación, Ioseba Martínez de Guereñu.

Los mismos criterios que se han aplicado para calcular la sanción a Salburua Burdinbide -tenía que entregar los papeles el 31 de enero y lo hizo el 8 de febrero- se han empleado ahora para calcular los intereses de demora que el colectivo reclama a la administración municipal.

Salburua Burdinbide es tras Zabalgana la asociación vecinal vitoriana que más importe recibe por subvenciones municipales, 7.689 euros en 2015 que se completaron con otros 1.354 procedentes de la Diputación. Con estos fondos se cubre un 25% del presupuesto del colectivo, que completa el 75% restante con recursos propios. La normativa exige que como mínimo las asociaciones vecinales de la ciudad generen el 20% de sus ingresos. En el caso de Salburua, al margen de la cuota de cinco euros anuales que aportan los 180 socios del colectivo; los cursos que oferta, el PIN de Navidad del barrio estrenado este año y la venta de camisetas, de pañuelos o de vasos en las fiestas de septiembre completan su presupuesto. Todos estos epígrafes están desglosados en la página web de la asociación vecinal.

Con todos estos capítulos, en 2015 se lograron recaudar 32.243 euros, de los que se gastaron 32.162, lo que generó un superávit de 81 euros. Para este año el presupuesto ha aumentado en más de 6.000 euros por el aumento en la aportación del Ayuntamiento y la Diputación y por una mayor previsión de ingresos por cursos y por cuotas de socios.

El incremento en las ayudas municipales a las asociaciones de vecinos llega un año después de que se aprobará la cifra más baja en mucho tiempo, 150.000 euros en total para 26 asociaciones vecinales de la capital alavesa.

Las aportaciones se fijaron en función de una serie de parámetros de los sale una puntuación final máxima de 155 puntos. En 2015 Zabalgana obtuvo 153 puntos, Salburua Burdinbide 149, Ipar-Arriaga 148 y Judimendi 148, y cobraron, respectivamente, 7.940 euros la primera, 7.689 euros la segunda y 7.627 euros la tercera y la cuarta. Tras ellas estaban San Martín, con 7.502 euros, Arana o Errekatxiki, con 6.900 euros. Las asociaciones que menos puntuación alcanzaron fueron Miguel de Unamuno, con 62 puntos y 2.000 euros, y Cauce Vecinal, de Abetxuko, con 69 puntos y 2.688 euros. Las asociaciones deben justificar ante el Ayuntamiento todos y cada uno de los gastos que ejecutan con esas subvenciones, mediante las correspondientes facturas.

Hubo quien en la capital alavesa no fue capaz de justificar sus gastos y dio el arriesgado paso de presentar facturas falsas. Fue en la anterior legislatura, en los años 2012 y 2013, cuando a los técnicos municipales les llamaron la atención las facturas que presentaron Mendebaldea-Mariturri, Iparralde Zaramaga y Gorbeia Auzokideak por unos supuestos cursos que impartieron, por un total de 13.000 euros. Los dos acusados por este caso, que el Ayuntamiento remitió a la Fiscalía, aceptaron sendas condenas de un año de prisión.