Gasteiz - El 18 de julio de 1936, un golpe cívico-militar depuso a las autoridades legítimas de la Segunda República. El levantamiento dio origen a una dictadura que en forma sistemática vulneró los más elementales derechos humanos de centenares de miles de personas durante más de cuarenta años: desaparecidos, fusilados, niños robados, víctimas de trabajo esclavo y de malos tratos y abusos en campos de concentración, cárceles, comisarías, cuarteles, en preventorios; presos, torturados, exiliados, perseguidos, represaliados etc. En ese contexto se produjo la masacre del 3 de marzo de 1976, protagonizada por la Policía Armada española. Dichos hechos conmocionaron a la ciudad de Vitoria y aún hoy, 40 años después, y a pesar de la constante determinación en la petición por parte de la Asociación Víctimas 3 de Marzo-Martxoak 3 Elkartea, sigue sin reconocerse a las personas asesinadas como víctimas de violencia y, por tanto, sin haber sido sujetos de reconocimiento y reparación del daño causado. Así empieza el documento ayer consensuado por los partidos políticos del Ayuntamiento de Gasteiz y que el viernes aprobarán en Pleno para que se ejecute, y de una vez por todas, cuatro décadas después, se atienda la reivindicación de las familias de las víctimas y el clamor de la sociedad gasteiztarra. No obstante, el PP de Javier Maroto solicitó en la Junta de Portavoces celebrada ayer que los puntos del texto se voten por separado, ya que los populares se van a oponer a alguno de ellos. El resto de formaciones votará a favor de los ocho puntos acordados.

Recuerda el documento que el Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda de la UPV-EHU elaboró un dictamen histórico sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que en su parte final estima probado que las muertes de Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda tuvieron que ver con la falta de libertades esenciales en la España de la época. También con una inadecuada dotación de las fuerzas antidisturbios y con instrucciones de los mandos que en nada estimaban los derechos humanos. Y con el uso irresponsable y, quizá, criminal de armamento de guerra frente a un problema de orden público. En el dictamen también se vinculan las muertes de los cinco obreros con órdenes procedentes de alguna instancia de la línea de mando cuyo vértice en ese momento era el Gobierno de España, que tomó las decisiones que provocaron tan fatales consecuencias.

Como consecuencia, afirma que se infringió el Concordato de 1953, vigente en el momento, y que en su artículo vigésimo dice que “queda garantizada la inviolabilidad de las iglesias, capillas, cementerios y demás lugares sagrados”, así como que “queda igualmente garantizada la inviolabilidad de los palacios y curias episcopales, seminarios, casas y despachos parroquiales y rectorales y viviendas religiosas canónicamente establecidas”. Explica que, salvo en caso de urgente necesidad, la fuerza pública no puede entrar en los citados edificios para el ejercicio de sus funciones, sin el consentimiento de la competente autoridad eclesiástica”. A la vista de que todo ello no se cumplió el 3 de marzo de 1976 en la parroquia de Zaramaga, dictamina el Instituto Valentín de Foronda que existen responsabilidades penales claras en las muertes de las víctimas; que las decisiones que condujeron a los asesinatos fueron tomadas, sin poder determinar responsabilidad personales, por funcionarios del Reino de España, y que cuarenta años después, desde la convicción de que restaurar la convivencia exige clarificación de los hechos, que el tiempo pasado es ya excesivo y que esta institución debe implicarse en el esclarecimiento de los mimos, la Corporación municipal de Gasteiz se solidariza con las víctimas y sus familias en el 40º aniversario de la masacre y condena que la Policía matara a cinco personas e hiriera gravemente a muchas otras.

Asimismo, el Pleno constata la inacción de la Justicia y le demanda que asuma la normativa internacional sobre derechos humanos y, en consecuencia, proceda a investigar aquellos terribles hechos, de modo que se establezcan las responsabilidades penales que puedan derivarse. Vitoria exige con esta declaración que se otorgue reconocimiento, reparación, rehabilitación e indemnización a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas por agentes del poder público, igual que se hace con otras víctimas y sin ningún tipo de discriminación.

Por todo ello, el Pleno exige al Gobierno español que otorgue a las víctimas del 3 de marzo de 1976 el reconocimiento y la reparación que les corresponde, equiparándolas a las víctimas de terrorismo, e insta al Gobierno Vasco a que continúe materializando el derecho de estas víctimas. El Ayuntamiento se personará en el procedimiento seguido en Argentina sobre víctimas del franquismo e iniciará acciones judiciales en los tribunales del Estado español con el fin de esclarecer los hechos y exigir las responsables penales o de cualquier otro tipo que correspondan. Igualmente, dentro del grupo de trabajo de Memoria Histórica se incorporará el estudio de los crímenes contra la humanidad cometidos en el franquismo, que afectaron a vecinos de Vitoria. Y así se lo notificará a los gobiernos español y vasco para su cumplimiento.

Denuncia a la Ertzaintza. La Asociación de Víctimas 3 de Marzo muestra su solidaridad con los dos hinchas del Baskonia identificados por la Ertzaintza por portar una pancarta bajo el lema Martxoak 3: Oroimena, Egia, Justizia/3 de Marzo: Memoria, Verdad, Justicia, que se encuentran a la espera de ser sancionados por la Ley que previene la Violencia en el Deporte. El colectivo denuncia esta actuación de la Ertzaintza y exige coherencia al Gobierno Vasco para que todos sus departamentos actúen de la misma manera ante unas reivindicaciones que avala y recoge la legislación internacional de Derechos Humanos. “Más allá de declaraciones, son los hechos los que tienen que demostrar que existe un compromiso firme”, remarca el colectivo.

Vitoria acuerda: 1) Su solidaridad con las víctimas del 3 de marzo de 1976 y sus familiares en el 40º aniversario de la masacre y condena que la Policía matara a cinco personas e hiriera gravemente a muchas otras.

2) Constata la inacción de la Justicia y le demanda que investigue aquellos terribles hechos y establezca responsabilidades penales.

3) Que se reconozca e indemnice a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas por agentes del poder público en igualdad con otras víctimas y sin discriminación.

4) Exige al Gobierno español que otorgue a las víctimas del 3 de marzo el reconocimiento y la reparación que les corresponde equiparándolas a las víctimas de terrorismo, e insta al Gobierno Vasco a que continúe materializando sus derechos.

5) El Ayuntamiento se personará en el procedimiento seguido en Argentina sobre víctimas del franquismo.

6) El Ayuntamiento iniciará acciones judiciales en los tribunales del Estado español para esclarecer los hechos.

7) Dentro del grupo de trabajo de Memoria Histórica se incorporará el estudio de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a vecinos de Vitoria.

8) Notificar estos acuerdos a los gobiernos español y vasco.