la aplicación de la polémica normativa sobre prescripción enfermera comienza a tener sus primeras consecuencias en el ámbito alavés. El Real Decreto 954/2015, que entró en vigor el pasado 24 de diciembre, implica que este colectivo profesional ya no puede ordenar o autorizar la dispensación de ningún medicamento sujeto a receta médica si previamente no ha intervenido un facultativo con su propio diagnóstico y prescripción. Acciones cotidianas tan simples como aplicar una pomada en una cura domiciliaria, prescribir una pastilla contra el dolor, oxitocina para las embarazadas o el anticoagulante Sintrom, así como poner una vacuna, entre otras, deben ser indicadas ahora previamente por un médico, a diferencia de lo que ha sucedido siempre. La norma, además, establece para el colectivo de enfermería un régimen transitorio de cinco años para la obtención de unas competencias sobre indicación, uso y dispensación de fármacos.

A la “grave inseguridad jurídica y profesional” que se ha generado tras la publicación del decreto según el sindicato de enfermería Satse, primera entidad que lo impugnó ante el Tribunal Supremo (TS), se ha unido un incipiente cisma entre los médicos alaveses, aquéllos que creen adecuada la norma y los que han mostrado su respaldo a la labor del colectivo enfermero.

Destacados en este último grupo se encuentran los facultativos del centro de salud de Aranbizkarra II de Gasteiz, que han dado un paso al frente firmando un escrito colectivo de denuncia contra el decreto de prescripción en el que también cargan contra el Colegio Oficial de Médicos de Álava, que oficialmente ha dado su apoyo a la norma.

En la carta, a la que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, todos los profesionales médicos del ambulatorio -once en total-, incluida su jefa de unidad (JUAP), manifiestan su “desacuerdo” con el decreto impulsado por el ministro de Sanidad ya en funciones, Alfonso Alonso, y trasladan su “rechazo hacia la postura oficial de apoyo que ha tomado el colegio en este asunto, sin haber recabado opinión alguna a los profesionales médicos”. La carta, firmada el pasado 28 de enero, contiene también un contundente mensaje contra el organismo profesional: “Queremos por ello expresar que no nos sentimos representados por el colegio en esta decisión”.

El escrito fue remitido al Colegio de Médicos, que en los últimos días ha mantenido un encuentro con estos profesionales, y ha corrido también como la pólvora por todos los centros sanitarios del territorio, muchos de cuyos facultativos también han apoyado con su firma la labor de la enfermería. De hecho, al menos se han recabado firmas entre los médicos de cinco centros de salud más de Gasteiz. El respaldo al colectivo enfermero, más o menos visible, también ha llegado desde altos cargos de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) de Álava, el ente que desde que arrancó este 2016 engloba a la atención primaria -los centros de salud- y la especializada -el Hospital Universitario de Álava- del territorio histórico.

problemas... y miedosLas presidentas de los tres colegios vascos de Enfermería alertaron el pasado martes 2 en el Parlamento Vasco sobre algunas de las consecuencias prácticas que la aplicación del decreto ya está teniendo en el día a día de la profesión, que “no beneficia a nadie”, ni a enfermeras, ni a médicos ni a los pacientes.

Junto a las actividades cotidianas ya descritas que el decreto ha dejado “fuera de la legalidad”, la norma también afecta al seguimiento de los pacientes crónicos y a la adecuación de sus tratamientos, la gestión del dolor y los cuidados paliativos, al sellado con heparina de los reservorios subcutáneos en pacientes oncológicos o a la salud laboral y la enfermería escolar cuando se administran medicamentos sujetos a prescipción médica.

Es el caso, por ejemplo, de las vacunas que históricamente se han dispensado por parte de la enfermería en los colegios e ikastolas por parte del servicio de salud escolar, también dependiente de Osakidetza. Tras la entrada en vigor del decreto, han sido varias las aulas de chavales de Gasteiz que han tenido que ser inmunizadas en centros de salud, donde la presencia de médicos que prescriban está garantizada, ante el temor de alguna de las profesionales de salud escolar de incurrir en una ilegalidad por contravenir el decreto. Una situación que, si se perpetúa y generaliza, amenaza con recargar todavía más las agendas médicas de la atención primaria.

Según recordó en la Cámara de Gasteiz Pilar Lecuona, presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, la aplicación del decreto “está atrasando todo el proceso sanitario” por este tipo de circunstancias. Sin contar, por descontando, con esos miedos que acompañan ya a la enfermería en su desempeño diario. “Si se incumple la norma estamos hablando de una responsabilidad civil, penal y laboral, que es algo muy serio”, explica en ese sentido a este periódico Arantza Sierra, secretaria general del sindicato de enfermería (Satse) en Álava.

El Gobierno Vasco ha mostrado su apoyo a la labor del colectivo enfermero y ha presentado también un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Gobierno español, aduciendo que uno de sus artículos impone un nuevo control médico que “contradice la práctica habitual” pactada entre los profesionales de la Sanidad vasca y “plantea problemas de seguridad jurídica” para la práctica de la profesión. Una norma que, según el Ejecutivo autonómico, “cercena la autonomía y las competencias” de los enfermeros y “afecta e invade” las competencias que Euskadi tiene en el ámbito sanitario.

Aunque el Colegio alavés “agradece” la postura del Ejecutivo autonómico, que en su día también tranquilizó a los enfermeros con una nota interna incidiendo en que sus tareas están garantizadas a través de la póliza de responsabilidad civil de Osakidetza, Sierra recuerda que “eso no quiere decir que el decreto no esté en vigor”. “Lo deja muy claro: se han anulado todos los protocolos y los calendarios vacunales de todas las autonomías. Estamos de acuerdo en que queremos que lo deroguen, que lo paralicen, pero Dios quiera que no pase nada. La indefinición es total y parece que están buscando una mártir”, reflexiona Sierra.

El Colegio de Médicos dice... El Foro de la Profesión Médica, donde están integrados todos los colegios estatales, defendió este miércoles en un extenso comunicado el Decreto 954/2015: “La prescripción (...) es inseparable del diagnóstico, cuyo aprendizaje se adquiere fundamentalmente en los estudios universitarios del grado de medicina, durante la actividad formativa postgraduada y con la actividad asistencial tutelada. Y, en consecuencia, sólo es competencia del médico y en su caso del odontólogo y el podólogo”.