Gasteiz - Durante el pasado año, el Ayuntamiento de Vitoria recurrió de forma “abusiva” a los contratos menores, cuyas exigencias en cuanto a concurrencia e igualdad son mucho más livianas que en adjudicaciones por cuantías importantes. Así lo señala el interventor municipal en su informe de fiscalización con respecto a 2015. Dicha práctica es legal, si no se llega a incurrir en fraccionamiento -trocear contratos en diferentes adjudicaciones para eludir controles con respecto a su transparencia-, pero sí afectan a la competencia en igualdad de condiciones.

Según el interventor, estas actuaciones no se deben tanto a intereses opacos como a la falta de una planificación previa, una cuestión que ahora trata de solventar la nueva Corporación vitoriana con la colaboración de los grupos de la oposición. Ejemplos de este abuso de los contratos menores son, según detalla el informe, las adjudicaciones de pequeñas obras que salen a concurso por fases, y también hay algún caso en el que sí se ha dado fraccionamiento, como el del suministro de sillas para el Palacio Europa.

Es habitual, por otro lado, que a los concursos con procedimiento abierto se presenten muy pocas empresas, o incluso sólo una, una “tendencia” que exige una revisión interna con el fin de “analizar las medidas que se podría impulsar para fomentar la competitividad, en aras a conseguir un mejor precio”. Al menos, explica el interventor, en 2015 se ha empezado a trabajar en una herramienta informática cuyo fin es unificar criterios, planificar y evitar todas estas situaciones.

Otra consecuencia de esa “ausencia de adecuada planificación” que el interventor puso de manifiesto esta misma semana en la comisión de Hacienda es la aplicación de prórrogas forzosas a contratos ya vencidos, “bajo la excusa” de que “se hace necesaria la continuidad del servicio, pero sin contrato, ya que el nuevo no ha llegado a formalizarse a tiempo”. Estas prórrogas se produjeron, por ejemplo, con la adjudicación de la recogida de residuos o el vertedero de Gardelegi, y para el interventor esta práctica es “irregular y hay que hacerla desaparecer para evitar problemas de nulidad”. Se trata, sencillamente, de que los nuevos contratos estén listos para firmar cuando venzan los anteriores.

Además, el interventor aboga por que el Ayuntamiento renuncie a firmar contratos de patrocinio, “salvo que se pueda garantizar el cumplimiento escrupuloso del procedimiento establecido para este tipo de contratos”. No se cumple dicho procedimiento, por ejemplo, cuando junto con el contrato no se adjunta un informe técnico que justifique la valoración económica de la prestación contractual.

Tampoco figuran en muchos casos informes sobre facturas no contabilizadas con un plazo superior a tres meses, lo que permitiría controlar mejor el gasto y gestionar correctamente la tesorería, amén de cumplir la Ley de lucha contra la morosidad. Éste de la falta de liquidez en tesorería es un problema crónico en el Ayuntamiento, que en buena medida se produce, dice el interventor, porque no hay una planificación del cobro de los tributos municipales para evitar que la caja se quede vacía.

Además, el informe cree imprescindible aprobar los Presupuestos antes del 31 de diciembre para no tener que mover facturas de años anteriores a los siguientes. También sería conveniente para evitar esta circunstancia que “a partir del 15 de noviembre” no se tramiten nuevos contratos, más allá de los que corresponden a diciembre, como los gastos navideños.

Por otro lado, la Intervención municipal también ha dado cuenta esta semana de aquellos casos en los que el alcalde ha hecho caso omiso de los reparos del órgano fiscalizador. Dichos reparos vienen a confirmar las principales pegas que, con carácter general, se pone desde la Intervención al proceder del gobierno municipal. Así, se afea que se haya adjudicado la concesión de los urinarios de la calle Olaguíbel como contrato menor, cuando no lo es, y se pide que se saque a concurso esta concesión. Se reprocha también el pago de las cuantías acordadas en convenios antes de la firma correspondiente, y se critica que los gastos de las Brigadas de Acción Inmediata y diversas obras en la vía pública figuren como inversiones cuando son gasto corriente, una práctica que ya se siguió también en 2014. En la liquidación del acondicionamiento de los huertos de Basaldea, por otro lado, hubo un incremento no previsto en los pliegos. El informe de control interno de la actividad municipal durante 2015 pasará por el Pleno y se remitirá tanto al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas como al Tribunal de Cuentas del Estado.

medidas correctoras La firma de un pacto presupuestario en la actual legislatura en el que están implicados todos los partidos de la Corporación salvo el PP -que ejerció la responsabilidad de gobierno hasta mediados del año pasado- incluye medidas para evitar este tipo de disfunciones que el interventor pone de manifiesto. Así, en lo relativo a las subvenciones, EH Bildu, Podemos e Irabazi reclamaron que todas las subvenciones nominativas tengan que pasar por el filtro del Pleno para una mayor transparencia. Por otro lado, los partidos están inmersos en el desarrollo de una ponencia de fiscalidad que, además de rediseñar el esquema de los tributos en la ciudad, persigue mejorar la eficiencia en la contratación.

Subvenciones. En el informe de la Intervención se explica que hay entidades beneficiarias de ayudas a la contratación a las que además se ha concedido otras subvenciones municipales, lo que supone una duplicidad que se achaca a la falta de control. Además, se advierte de que el pago de subvenciones antes de la firma de los correspondientes convenios no está amparado legalmente.

Contratos. El interventor señala que en el Ayuntamiento de Vitoria era frecuente durante 2015 la adjudicación de contratos menores, menos rigurosos a la hora de facilitar la libre concurrencia y la igualdad de las empresas que quieren trabajar para las administraciones públicas.

Reparos. El informe da cuenta de los reparos establecidos por el interventor y que no han sido atendidos por el equipo de gobierno. En ese sentido, destaca la contratación de las Brigadas de Acción Inmediata, que se imputan como inversión en lugar de como gasto corriente, a pesar de que se dedican al mantenimiento de la vía pública.

El interventor detecta esta “tendencia” en la contratación municipal, hasta el punto de que en ocasiones tan sólo se presenta una empresa a los concursos públicos, lo que afecta a la competitividad e impide conseguir mejores precios.

2015

El informe de fiscalización de la Intervención municipal del Ayuntamiento vitoriano hace referencia a la actividad de la institución en el pasado ejercicio.