La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Medio Ambiente y Política Territorial del País Vasco, Ana Oregi, ha afirmado que el Gobierno vasco debería haber sido consultado y haber tenido "voz" en la posible apertura del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en Santa María de Garoña (Burgos), y ha anunciado que exigirá al Ejecutivo la documentación al respecto para "evaluar el alcance de las acciones".

VITORIA. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitió el pasado mes de octubre una Declaración de Impacto Ambiental "favorable" al proyecto del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) por un periodo inferior a diez años.

Tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, Oregi ha recordado que "una y otra vez" el Gobierno vasco ha manifestado su posición a favor del cierre de Garoña "de una manera definitiva" y sin ningún tipo de consideración a ese respecto". "Más allá de su cierre inmediato y total", ha puntualizado.

Según ha manifestado, "parece ser" que el Gobierno central "ha llevado a cabo una serie de procedimientos" en los que no ha consultado "ni al Gobierno vasco ni a la Diputación foral de Alava" porque, en su opinión, "ha entendido que, al estar fuera de Euskadi, las cuestiones que plantea no tienen afección" en la Comunidad Autónoma vasca.

"Obviamente, no estamos de acuerdo con esa consideración, respetamos las decisiones del órgano ambiental actuante, pero, dadas las circunstancias y la ubicación de la central, Euskadi debería de haber tenido conocimiento y voz dentro de los procedimientos administrativos previos, como territorio limítrofe y que, además, puede verse afectado por las actividades evaluados", ha señalado.

Oregi ha asegurado que el Gobierno vasco exigirá la documentación "para tener la ocasión de estudiarla y evaluarla". "Pedimos que se nos mantenga informados, al tanto, para poder opinar, valorar y evaluar el alcance de las acciones que se pretenden", ha concluido.