Vitoria. La Unión Europea debe afrontar la tragedia humanitaria de las decenas de miles de personas que, desesperadamente, huyen de las terribles consecuencias que acarrean los conflictos armados en Siria, Irak, Afganistán y otros países. Un drama que ha adquirido, en estos últimos años, proporciones que no se han conocido en nuestro continente desde la segunda guerra mundial.

Drama que a lo largo de los años ha supuesto que más de 5.000.000 de personas refugiadas hayan huido de la pobreza y la guerra en sus países de origen y hayan iniciado una peligrosa travesía para alcanzar Europa. En concreto, en lo que va de año han sido 350.000 personas y, de acuerdo con los datos oficiales publicados por ACNUR, durante esa travesía han muerto ya más de 2.500 personas.

Estamos ante la mayor crisis humanitaria de los últimos 50 años en Europa. La situación es de auténtica emergencia y la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado ante las personas que huyen de guerras auspiciadas por una nefasta política internacional. Este incremento exponencial de los flujos de personas refugiadas hacia la Unión Europea es un problema global de naturaleza compleja y diversa. Un problema en que se pone en riesgo lo más preciado de este mundo, que son las vidas humanas. Un problema que, pese a ello, determina un cierto auge de los grupos populistas y xenófobos, plantea riesgos sobre la propia Unión y el espacio Schengen y, por tanto, representa uno de los mayores desafíos de Europa cara a su futuro como proyecto unitario.

Un problema cuya solución requiere la adopción de medidas de emergencia pero, al tiempo, la aprobación de unas medidas estructurales que afronten de raíz este dramático fenómeno cuya vocación de durabilidad parece manifiesta.

La presión social puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por algunos gobiernos que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus cuotas de aceptación de refugiados. También la presión social es útil para combatir los brotes xenófobos contra las personas refugiadas que surgen en Europa, alentados por grupos de extrema derecha y tristemente también por algunos mandatarios. En definitiva ayudará a que la Unión Europea defina una agenda política que se fundamente en los valores que se acreditan, entre otros, en las disposiciones sobre derecho de asilo que se integran en Tratado de la Unión Europea (artículo 3.2) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 18 y conexos).

Desde las administraciones locales, tenemos el deber de trabajar para dar soluciones a este problema, en coordinación con las demás administraciones, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto. Muchos ayuntamientos han manifestado ya su voluntad de participar en una red de ciudades-refugio y otras formas de colaboración para acoger a las personas refugiadas que intentan llegar a Europa con el único objetivo de sobrevivir.

Es voluntad inequívoca de este Ayuntamiento participar de manera activa y solidaria en la acogida a estas personas que precisan de refugio o asilo, lo que exige asumir compromisos concretos que a continuación se detallan:

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta la prioridad de atender a las personas y familias refugiadas que huyen de conflictos políticos y militares, como el que está ocurriendo ahora en Siria y en los países cercanos, y declara su total voluntad de ayudarles y acogerles en su municipio.

Los grupos políticos que conforman el Pleno de este Ayuntamiento deciden que la ciudad de Vitoria-Gasteiz se integre en la red de ciudades-refugio y, por tanto, asumir los compromisos que se deriven de ello.

2.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz potenciará el grupo de trabajo creado para tal fin, formado por el propio Ayuntamiento, y las entidades de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que trabajan en este ámbito y que decidan participar. Este grupo de trabajo será el encargado de la elaboración del Plan local de acogida a las personas refugiadas que lleguen a nuestra ciudad, así como del Plan de información y sensibilización dirigido a la ciudadanía en general. Todo ello, con la debida coordinación interinstitucional con el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y el resto de ayuntamientos de la CAE. Sin menoscabo de esta necesaria colaboración, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su voluntad de colaborar con otras iniciativas similares.

3.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz habilitará una partida económica para las actuaciones municipales que le correspondan derivadas tanto del Plan de Acogida como del de información y sensibilización a realizar en nuestra ciudad.

4.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a activar el Fondo Alavés de Emergencias Sociales en colaboración con la Diputación Foral de Araba y el resto de organismos implicados para ayudar económicamente a las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno en los países en conflicto.

5.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz demanda a la Unión Europea y a sus Estados miembros, especialmente al Gobierno del Estado Español, configurar un sistema europeo común, tanto en materia de asilo como de inmigración, capaz de ofrecer una respuesta rápida a las situaciones de emergencia y a colaborar en los países de origen.

6.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Unión Europea, y especialmente al Gobierno del Estado Español, a superar el protocolo de Dublín y a articular un sistema que aborde las solicitudes de entrada a la Unión desde un mecanismo coordinado de responsabilidad colectiva que sustituya al vigente.

7.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exhorta a la Unión Europea y a sus Estados miembro a perseguir y poner en manos de la justicia a las mafias criminales que trafican con seres humanos.

8.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hace un llamamiento a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz a la solidaridad y apoyo hacia estas familias víctimas de la guerra y también hacia las familias migrantes residentes en esta ciudad.

9.- De este acuerdo se dará traslado a la ciudadanía del municipio, a la Diputación Foral de Araba, al Gobierno Vasco, al Gobierno del Estado español y a la Comisión Europea.