- El gobierno foral ha movido ficha. El diputado general, Ramiro González, anunció ayer las primeras medidas adoptadas para cumplir con una de sus promesas: la rebaja del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Para ello, ya hay un proyecto de norma foral, que tratará de reducir el impacto del tributo en el territorio histórico. En principio, los tiempos legislativos harán que la normativa en ciernes, de superar su periplo parlamentario, vea la luz en octubre en las Juntas Generales. Tras esa fecha, los ayuntamientos tendrán la opción de reducir el gravamen de la discordia, que vio cómo en la capital alavesa se incrementaba en un 41% para 2015 gracias a un acuerdo entre el Partido Popular del entonces alcalde, Javier Maroto, y EH Bildu.

Ramiro González quiso dejar claro que la bajada es, en todo caso, opcional. Por tanto, cada ayuntamiento tendrá la opción de ajustar dicha bonificación tributaria como considere oportuno, teniendo como límite a la baja la tasa de 2014. El diputado general añadió que la bajada de impuestos podrá ser aplicada siempre y cuando “exista una causa justificada”. Por ejemplo, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, anunció que propondrá una modificación de la ordenanza fiscal para disminuir el incremento del 41% al 5%.

De hecho, esta nueva norma foral sirve fundamentalmente para solventar una “situación anómala”, en palabras de González, que se generó en el Consistorio gasteiztarra. El jefe de gobierno explicó que para “salvar los problemas legales”, la normativa tendrá aplicación en toda la provincia. Así, el ejecutivo provincial intenta poner solución a una problemática iniciada el pasado diciembre, cuando el antiguo alcalde decretó con los votos favorables de PP y EH Bildu una subida del IAE del 41%. Según argumentos de Antxon Belakortu -concejal soberanista-, el gravamen afectaría “a las mayores empresas del territorio”. La respuesta de la patronal fue contundente. SEA calificó la medida como un “ataque sin precedentes a las pymes”. Maroto se retractó e intentó dejar la subida en el 10% tras acordarlo con los empresarios, pero no contó para ello con los votos de EH Bildu.

Desde entonces, el PP buscó corregir la modificación del IAE a través de la Diputación alavesa, lo que no le fue posible por “plantear unas dudas legales”, según apuntó González, tras lo que el PNV enmendó su propuesta. Dicha modificación “pareció razonable tanto al PP como al PSE”. Tras las elecciones forales, el PNV cuenta con el apoyo del PSE -18 votos de 51 en las Juntas Generales- y espera que el PP también apoye definitivamente el proyecto. De esta manera, la norma foral se aprobaría en octubre, ya que los junteros no se reúnen hasta la segunda semana de septiembre. Si no logran el visto bueno del PP para la tramitación urgente de la norma o si los grupos políticos plantean enmiendas, el proceso de aprobación se alargaría.

Respecto al proyecto de desdoblamiento y conversión en autovía de la carretera N-124 entre Armiñón y Zambrana, el diputado general pidió tiempo para ofrecer su veredicto. Ramiro González arguyó que “las obras fueron licitadas el 21 de abril, a un mes de las elecciones forales”. Al estar las Juntas Generales disueltas, desde la oposición no se pudo conocer el proyecto. Por ello, el ejecutivo actual ha solicitado informes sobre los trámites de la reforma cuestionada. Una vez averigüen los pormenores de la obra, presupuestada en 32,5 millones de euros, fijarán su postura al respecto.

Dicho proyecto, presentado por el anterior ejecutivo foral, comprende un desdoblamiento de 6,4 kilómetros entre las citadas localidades, para así conseguir una autovía de dos carriles por sentido en la que se circule a 120 kilómetros por hora. El PP defiende las obras con el fin de reducir la siniestralidad de un tramo considerado como peligroso, por el que circulan unos 15.000 vehículos diarios. Sin embargo, la pasada semana, EH Bildu pidió al nuevo gobierno foral la paralización del proyecto. El portavoz de la coalición abertzale, Kike Fernández de Pinedo, expuso que “es la mayor inversión aprobada y no cuenta con el respaldo ni de los grupos políticos ni de los pueblos afectados”. El anterior diputado general, Javier de Andrés, respondió a Pinedo que resulta “chocante que la primera petición de EH Bildu sea parar un proyecto cuyo objetivo es frenar la siniestralidad”.