El exjefe de Transportes de la Diputación alavesa "jamás" vio una factura ficticia en el caso del desfalco

El principal imputado en este caso, que se enfrenta a una petición de siete años de cárcel por varios delitos, entre ellos estafa y fraude, está acusado de idear junto a los otros cuatro acusados un "mecanismo engañoso" con el propósito de "defraudar" a la Diputación de Álava, que está personada como acusación particular en la causa y se adhiere a las peticiones de la Fiscalía.

Según ha explicado hoy el fiscal, la trama consistía en lograr que la entidad foral abonara subvenciones a empresas concesionarias de transporte deficitarias, las cuales, por orden del exjefe del servicio de Transportes, "se veían obligadas" a pagar a SAA y FATCO "unos gastos de publicidad desorbitadamente exagerados" por servicios en algunos casos "inexistentes".Jiménez hacía creer a las empresas de transporte que estos gastos de publicad "venían directamente impuestos por la Diputación de Álava" e incluía esos gastos entre los costes de comercialización y administración de las concesionarias para el cálculo de las subvenciones que la entidad foral otorgaba a las líneas deficitarias.

"Para materializar el engaño, las mercantiles SAA y FATCO, emitían facturas ficticias" siguiendo "literalmente" las indicaciones de Jiménez, siempre según el representante público.Sin embargo el exjefe de Transportes -que fue destituido en noviembre de 2006 cuando el diputado general de Álava en funciones, Javier de Andrés (PP), era el encargado foral de Obras Públicas y Transportes- ha afirmado hoy que "no vio jamás" una de esas facturas.Ha reconocido que cuando llegó a ser jefe de Transportes los responsables políticos de la entidad foral decidieron subvencionar el transporte deficitario para fomentar su uso y también informar de este servicio y que para ello se decidió la contratación de publicidad.

Jiménez ha explicado que se decidió acudir a FATCO y SAA por su experiencia en la materia y ha indicado que a las empresas concesionarias se les informó de que se iba a realizar una campaña publicitaria común con información del servicio y que tenían que asumir el coste, tal y como se establece la normativa.

Ha añadido que los gastos de publicidad se incluían en los costes de administración y comercialización que las empresas concesionarias remitían a la entidad foral, un "cajón de sastre" en el que se incluían todos los costes que no eran directos, y que no debían remitir facturas.

Ha negado haber recibido ninguna cantidad de dinero por parte de SAA y FATCO -cuyos cuatro responsables imputados se enfrentan a una petición de cárcel de seis años y un día de cárcel por esta causa- ni por las empresas de transporte y también ha incidido en que la publicidad contratada se llevó a cabo y dio sus frutos ya que sirvió para incrementar el número de viajeros.

El administrador de la FATCO, Enrique Azpiroz, ha asegurado en la vista de hoy que remitían la facturas de los trabajaos publicitarios a las empresas de autobuses, que nunca comunicaban a Jiménez la cuantía de las mismas y que éste tampoco le indicó nunca que tuviera que girar un determinada cantidad.

También ha explicado que en ningún momento las empresas de autobuses les dijeron que los trabajos eran caros, ni que estos no valían, y ha exonerado de cualquier responsabilidad en la gestión de la empresa a su mujer y también imputada en esa causa.

Marcelo Díaz, uno de los responsables de SAA, ha indicado que fue su socio, Francisco Javier del Olmo, quien gestionó los contratos de publicidad que ellos hicieron, pero ha asegurado que lo facturado fue un "importe real y muy ajustado", y que a su empresa sólo le generó un beneficio de unos 5.000 euros.

Del Olmo ha confirmado el trabajo hecho por esta empresa, que consistió en un encartado de mucha cantidad de folletos.

La vista por estos hechos continuará mañana con el inicio de la declaración de los testigos propuestos por las partes, entre ellos el diputado general alavés en funciones, Javier de Andrés, que está citado este jueves.