vitoria - Ayer concluía el plazo de entrega de enmiendas de los grupos municipales vitorianos al borrador de conclusiones sobre la comisión de ayudas sociales elaborado por su presidente, el socialista Peio López de Munain. Dado que en la oposición es unánime la opinión sobre el debate lanzado por el alcalde, Javier Maroto, las aportaciones más relevantes ayer eran las del PP, que alertaba de que la inmigración continúa aumentando en la ciudad como consecuencia del efecto llamada que a su juicio genera el sistema vasco de ayudas sociales.

La concejala del ramo, Ainhoa Domaica, fue la encargada de presentar a los medios las enmiendas populares. Nueve meses después de que alcalde de Gasteiz acusara en la Cadena Ser a los inmigrantes magrebíes de venir a la ciudad “a vivir del cuento”, el PP concluye que el primer edil ha tratado de llevar esta cuestión con “discreción” en este tiempo, pero que los demás partidos no le han dejado.

“El alcalde siempre ha intentado que este debate se diera fuera de los focos de los medios de comunicación”, dijo Domaica, a modo de corrección a la introducción redactada por López de Munain. En su propuesta de preámbulo a las conclusiones de la comisión, el PP señala además la remisión de la propuesta de reforma de la RGI al Parlamento Vasco, el rechazo del resto de grupos a debatir la moción de Maroto y la creación de la plataforma Ayudas+Justas para convertir la propuesta en una Iniciativa Legislativa Popular. Domaica recordó que A+J ha reunido 40.000 firmas, 30.000 de ellas en Vitoria, lo que avala, a su juicio, su apuesta por endurecer los requisitos de acceso a la RGI a los extranjeros, que además, señala el PP, llegan cada vez en mayor número a la ciudad, pese a que las estadísticas dicen lo contrario.

“No es verdad que cada vez hay menos extranjeros, es evidente que hay un efecto llamada”, dijo Domaica, pues el saldo migratorio en la ciudad es positivo. La confusión con los datos, señaló la concejala, es porque muchos extranjeros se han nacionalizado. A juicio del PP, por tanto, una persona que ha cumplido con todos los requisitos para obtener la nacionalidad, y que dispone de un DNI que así lo acredita, nunca dejará de ser extranjera a efectos sociales.

Aunque desde hace meses el PP defiende que sus propuestas no tienen nada que ver con la nacionalidad de las personas, el recurso al extranjero siempre termina por aparecer. De hecho, los conservadores han apelado al citado efecto llamada, desmentido por la práctica totalidad de los comparecientes en la comisión, para explicar ese supuesto aumento de personas extranjeras en la ciudad. “Los servicios sociales perciben ese efecto llamada -dijo Domaica-, en seis meses se detectaron 501 unidades convivenciales susceptibles de percibir la RGI, y el 70% eran extranjeros”.

A pesar de todo esto, el PP “defiende el sistema de garantía de ingresos”, dice el equipo de gobierno en sus enmiendas, aunque cree necesario expulsar del sistema a los inmigrantes irregulares, tal y como opinaron el 67% de los vascos en una encuesta de Ikuspegi. Cerrar el acceso de estas personas a la RGI igualaría a Euskadi con Alemania, Francia y los países escandinavos, señaló Domaica.

Sólo uno de los puntos abordados por el PP en sus conclusiones coincide con lo que piensan al respecto el resto de partidos. Los populares consideran que se deben modificar los requisitos de acceso a estas rentas básicas para dar cabida a personas con pequeños patrimonios, o a autónomos con préstamos a los que no pueden hacer frente.

Desde el PNV, Blanca Guinea explicó que las conclusiones de los nacionalistas pasan por la aceptación de que las ayudas “han cumplido perfectamente con su fin”, como demuestran los bajos índices de pobreza y delincuencia de Euskadi. En todo caso, el PNV apuesta por revisar el modelo, “pero para extenderlo”, mediante un debate “sereno y reflexivo”. Guinea cree necesario perseguir el fraude aunque sea “casi inexistente”, y constata que el traspaso de la competencia de la RGI de las diputaciones y el Ayuntamiento vitoriano a Lanbide “no se hizo de la mejor manera posible”, como demuestran las 10.000 cartas que tuvo que enviar el Gobierno Vasco a perceptores por cobros y pagos indebidos. El PNV cree además que aquellos perceptores sin capacidad para trabajar (viudas o irregulares) deberían ser derivados a los servicios sociales, y no tramitar sus ayudas a través de Lanbide. En cuanto al decálogo de Maroto y A+J, Guinea aseguró que lo que pretende es “expulsar del sistema a gente que ahora tiene derecho a acceder al mismo”.

“objetivo electoral” Por su parte, desde EH Bildu, la edil Ane Aristi explica en su texto de enmiendas que Maroto perseguía “un objetivo exclusivamente electoral” cuando “a lo largo de los cuatro años de legislatura, e incluso antes de las elecciones de 2011, ha venido realizando declaraciones y actuaciones orientadas a la criminalización de determinados sectores de la población”. Para la coalición soberanista, Maroto ha provocado una división en la ciudadanía “que se ha plasmado en enfrentamientos, pintadas, pegatinas o actitudes de rechazo”, y por ello los técnicos de servicios sociales del Ayuntamiento denunciaron el discurso “incendiario” “irresponsable” y “denigrante” del alcalde, un discurso lleno de “errores y distorsiones”.

En cuanto a las conclusiones, las enmiendas de EH Bildu señalan a la RGI como “una herramienta aceptable, aunque no ahonda en el fondo de muchas de las realidades que pretende paliar y necesariamente debe ser complementada con otras herramientas y políticas”. La coalición cree además que las prestaciones “no se deben limitar ni mermar, sino ampliarlas”, y por ello cree necesario revisar la RGI, pero también los subsidios de desempleo o las pensiones. El fraude en las ayudas sociales, señala EH Bildu, no se ha podido cuantificar, pero hay sistemas para evitarlo y controlarlo.

Por último, a las recomendaciones de López de Munain, EH Bildu suma la reprobación de “las constantes declaraciones racistas y xenófobas del alcalde”, de las “las constantes acusaciones infundadas y sin ningún tipo de datos del fraude en las ayudas sociales, criminalizando a ciertos colectivos”, y pide reprobar también “la fractura social que su discurso provoca” y “el carácter electoralista de sus acusaciones”.