Vitoria. La comisión especial municipal sobre ayudas sociales constituida el pasado 12 de noviembre, a instancias del PSE-EE, para determinar si hay o no fraude o abusos en el cobro de estas prestaciones, ha concluido hoy sus trabajos y ha votado un documento que recoge seis conclusiones y varias recomendaciones, que se aprobará definitivamente en un próximo pleno.
La creación de esta comisión se produjo después de que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, asegurara que se están produciendo abusos en el cobro de las ayudas sociales y acusara al colectivo de inmigrantes, principalmente a los de origen magrebí, de vivir de estas prestaciones y de no querer trabajar.
El presidente de la comisión, el socialista Peio López de Munain, elaboró un borrador, al que presentaron aportaciones el PP, PNV y Bildu.
Todas las propuestas del PP han sido rechazadas por los grupos de la oposición que, en cambio, han votado a favor del documento definitivo que incorpora, además de alguna conclusión del borrador, otras de Bildu y del PNV.
Así, el texto resultante de la comisión asegura que el actual sistema de prestaciones del País Vasco ha servido para paliar en cierta medida determinadas situaciones de exclusión social, agravadas por la larga y dura crisis, y añade que por lo general ha dado respuesta a determinadas situaciones de exclusión.
Afirma que este sistema es referente en España y homologable a los implantados en el resto de Europa, "aunque no ahonda en el fondo de muchas de las realidades que pretende paliar y necesariamente debe ser complementada con otras herramientas y políticas".
Señala que la filosofía de las prestaciones sociales es "incuestionable aunque mejorable" y subraya que "no se deben limitar ni mermar sino ampliarlas" para hacer frente a las nuevas y alarmantes situaciones de exclusión social.
Para ello la oposición ve necesario revisar algunas cuestiones relacionadas con la gestión, criterios de acceso y cantidades a percibir.
En otra de las conclusiones se indica que el fraude en las ayudas sociales "no se ha podido cuantificar" pero dispone de sistemas para "evitarlo y controlarlo".
También asegura que "no se puede afirmar" que exista el "efecto llamada" y que lo que "está claro" es que cada vez hay menos extranjeros en Vitoria.
Se han incorporado al texto otras dos conclusiones propuestas por el PNV, una que asegura que el traspaso a Lanbide de la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no se hizo en las mejores condiciones, aunque en la actualidad ha mejorado.
La segunda se refiere a que las propuestas del alcalde recogidas por la plataforma "Ayudas + Justas" no están orientadas a corregir el fraude, sino a "recortar derechos sociales".
En las valoraciones incluidas a propuesta de Bildu se pide la reprobación de las "constantes declaraciones racistas y xenófobas del alcalde" y sus acusaciones "infundadas" sobre el fraude en las ayudas "criminalizando a ciertos colectivos".
El PP, por su parte, se ha quedado solo y no ha logrado sumar al texto ninguna de sus propuestas, en las que, entre otros planteamientos, insistía en la necesidad de mejorar el actual modelo de la RGI de forma que solo puedan cobrar esta ayudas los que tengan "residencia legal" en España porque hay fraude y se da un "efecto llamada" entre los inmigrantes.
