El borrador de la comisión de la RGI define el fraude como “irrelevante”

Ahora, los grupos políticos deben presentar sus aportaciones al texto, como muy tarde el jueves 16, pero en todo caso en esta materia todo son habas contadas. PSE, el partido de López de Munain, PNV y EH Bildu van a apoyar el documento, además de matizarlo, y el PP se va a posicionar en contra. Se pondrá así fin a un proceso que durante varios meses ha ido desmontando el mensaje sobre grandes bolsas de fraude entre los magrebíes perceptores, cronificación de los beneficiarios en las ayudas o efecto llamada que ha vendido Maroto a la ciudadanía, con bastante éxito, por cierto, desde hace casi un año.

Por la comisión, como recuerda López de Munain en su escrito de conclusiones, han pasado los más importantes expertos en servicios sociales del País Vasco, desde personas que han tenido responsabilidades de gobierno hasta sociólogos e inmigrantes, pasando por los propios trabajadores sociales vitorianos, que comparecieron de forma anónima y que dejaron testimonios muy interesantes.

Según recoge el borrador, los profesionales del Ayuntamiento aseguraron que en ningún momento se les han pedido datos desde el equipo de gobierno sobre el efecto llamada, y lo más importante, tampoco se les han pedido datos sobre el fraude que denuncia constantemente el alcalde. Se preguntaron además por qué “sólo hablamos de la RGI y no se plantea nada de las prestaciones municipales, que sí son competencia del Ayuntamiento”. Esos mismos trabajadores sociales declararon que defraudar es “muy difícil”, ya que se cruzan datos con otras instituciones y existe un sistema informático llamado a detectar cobros indebidos.

El propio López de Munain, en la introducción al borrador, destaca cómo “los profesionales y técnicos e Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz denunciaron el discurso incendiario, irresponsable y denigrante del alcalde, un discurso lleno de errores y distorsiones”.

En los resúmenes de las aportaciones por parte de expertos elaborado por López de Munain se refleja cómo todos y cada uno de los comparecientes, desde doctores en Antropología o portavoces de varias ONG, como Cáritas o EAPN; hasta Kaleratzeak Stop, sacerdotes que trabajan a pie de calle con quienes peor lo pasan, el exalcalde José Ángel Cuerda o incluso quienes coordinaron el traspaso de Lanbide al Gobierno Vasco, alzaron la voz, con mayor o menor intensidad, contra la campaña emprendida por Maroto. Sólo el primer compareciente, por cierto un inmigrante africano, y la concejala de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, han dado la cara por el alcalde en la comisión, donde han sido frecuentes las llamadas a la prudencia de los responsables públicos en una materia, la de la inmigración, en la que los mensajes suelen llegar a las tripas sin pasar antes por la cabeza.

Han coincidido todos, eso sí, en que hay que repensar la RGI. En que, como defiende el alcalde, hay gente que se queda sin ayuda por ser propietario de un huerto en el pueblo. También hay quien a pesar de tener trabajo, gasta más de lo que ingresa por culpa de la hipoteca, o quien desconoce que tiene derecho a pedir esta prestación. Hay muchas cosas que hacer, pero los comparecientes destacaron que no debe hacerse previo calentamiento de la opinión pública, como se quiere hacer, y en la víspera de unas elecciones.

recomendaciones Una vez recogidas las principales aportaciones de los comparecientes en la comisión, López de Munain establece una decena de recomendaciones para combatir la precariedad económica en la que vive mucha gente en Gasteiz. Así, el presidente de la comisión (y desde hace unas pocas semanas candidato socialista a alcalde de Gasteiz) plantea el incremento de inspectores y trabajadores sociales “para mejorar el control”, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la introducción de cláusulas sociales en la contratación municipal, la subida de las pensiones mínimas, el “posicionamiento” de la huella digital (medida planteada por Maroto sólo para la RGI), el “control de la economía sumergida”, el establecimiento de “contraprestaciones”, la “evaluación de las políticas publicas” mediante un observatorio creado al efecto, el establecimiento de programas obligatorios de formación para la inserción social y laboral, y la revisión del copago farmacéutico.

Ayer Ainhoa Domaica criticó duramente el borrador elaborado por el PSE, al entender que el foro apropiado es el Parlamento Vasco, pero también celebró que “al final haya quedado claro que hay cosas que fallan en la gestión de la RGI, como es el requisito del patrimonio”.

Primera. El actual sistema de prestaciones en el País Vasco es bueno, por lo general da respuesta a las situaciones de exclusión que se registran en nuestra ciudad, es referente en España y homologable al resto de sistemas implantados en Europa. Ha supuesto una buena herramienta frente a la crisis.

Segunda. La filosofía de las ayudas y de la RGI es incuestionable. No se deben limitar

ni mermar, más bien incluso ampliar. Para ello es necesario revisar algunas cuestiones relacionadas con la gestión, criterios de acceso y cantidades a percibir.

Tercera. No se puede afirmar que existe efecto llamada, la mayoría de los comparecientes coinciden en que históricamente las personas se mueven donde hay trabajo. No hay datos de por qué vienen a Vitoria-Gasteiz, lo que sí está claro es que cada vez hay menos extranjeros entre nosotros.

Cuarta. El fraude en las ayudas sociales es irrelevante, los sistemas de los que se disponen y los acuerdos entre instituciones están diseñados para evitarlo.

El presidente de la comisión es muy crítico con el alcalde.

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Personas han comparecido en este foro municipal.