gasteiz - El Tribunal de Cuentas abrió una investigación por presuntas irregularidades en el contrato de los locales de San Antonio. Llamó a declarar a Alfonso Alonso, Javier Maroto y otros siete concejales del PP durante el gobierno del ministro de Sanidad. Y a pesar de que la semana pasada, la defensa de todos ellos pidió el archivo de la causa, la instructora del caso les ha impuesto una fianza de medio millón de euros porque considera que no ha prescrito, ya que la ciudad sigue pagando una desproporcionada renta al empresario Gonzalo Antón. Pero para que la investigación siga adelante es necesario que, bien el Ayuntamiento, bien el fiscal o bien algún ciudadano a título particular solicite la apertura de juicio contable ante el órgano fiscalizador del Estado.

Javier Maroto explicó ayer que el Consistorio no dará este paso porque lo hará la acusación del Tribunal de Cuentas. Pero los partidos de la oposición no se fían. Así que, para que el caso “no se cierre en falso” han forzado al alcalde a que convoque un Pleno extraordinario en el que los concejales de PNV, PSE y EH Bildu van a emplazar al PP a que sea el Ayuntamiento de Vitoria, en defensa de sus intereses económicos, quien solicite que la investigación siga adelante en el Tribunal de Cuentas. Si bien Maroto no está obligado a acatar lo que diga el Pleno, el PP tendrá que posicionarse a favor o en contra de que la investigación continúe, que es, en definitiva, lo que quieren nacionalistas y socialistas.

La oposición considera que Maroto no está moviendo un dedo para defender los intereses de la ciudad al no pedir la apertura de juicio contable y sí, en cambio, para defender los intereses de sus compañeros de partido al alegar ante el tribunal que el caso ha prescrito. En este conflicto de intereses al que ya se refirió la instructora del Tribunal de Cuentas, PNV, PSE y EH Bildu razonan que es el Pleno y no el gabinete de Maroto quien tiene que velar por la defensa de los intereses de las arcas públicas puesto que el alcalde es “juez y parte” en el proceso.

No es la primera vez que este conflicto de intereses se pone sobre la mesa. La instructora del Tribunal de Cuentas ya aconsejaba en su escrito que fuera la Corporación municipal quien decidiera la persona encargada de defender al Ayuntamiento. La oposición propuso a la secretaria general del Pleno por ser un órgano independiente cuyo nombramiento no depende de los partidos, pero el alcalde no lo aceptó y decidió que fuera una letrada de Madrid que habitualmente colabora con los servicios jurídicos municipales. Una vez más, PNV, PSE y EH Bildu volverán a solicitar que sea la secretaria general del Pleno junto al interventor del Ayuntamiento quien demande la apertura de juicio contable para defender los intereses de los gasteiztarras, aunque el alcalde vuelve a negarse dejando este trámite únicamente en manos del fiscal del Tribunal de Cuentas.

El alcalde asegura que ya defiende los intereses de Gasteiz al no recurrir la fianza provisional que el tribunal ha puesto a los miembros del PP y al solicitar al órgano fiscalizador que emita un dictamen del caso antes de la convocatoria electoral de mayo. “El procedimiento va a continuar porque no tenemos nada que esconder”, manifestó. En cuanto a la fianza, Maroto explicó que no es necesario que la abonen, ya que basta con que avalen la cuantía con su patrimonio personal, trámite que -señaló- ya han iniciado.

Un punto de vista contrario tiene la oposición. Para PNV, PSE y EH Bildu, el silencio ha sido la única defensa del Ayuntamiento de Gasteiz hasta ahora, el silencio que guardó en su declaración la abogada contratada por Maroto en nombre del Ayuntamiento. De ahí la convocatoria de un nuevo Pleno extraordinario para retratar al PP. “¿Qué ayuntamiento no habría solicitado para defender sus propios intereses e ingresar medio millón de euros la apertura de juicio contable?” -se pregunta el portavoz jeltzale, Gorka Urtaran-. “La parte perjudicada pediría que la investigación siguiera adelante, y la parte perjudicada es el Ayuntamiento de Vitoria”. También el socialista Patxi Lazcoz tiene claro que, “como vitorianos, tenemos que intentar resarcirnos de este contrato, que es una auténtica desvergüenza”. Considera que el PP con su abogado particular puede hacer lo que quiera, pero no con el del Ayuntamiento, porque está en juego el patrimonio público de la ciudad. Más allá va el portavoz de EH Bildu al pedir responsabilidades políticas como consecuencia de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. “El PP, en su huida hacia adelante, sigue sin reconocer su error”, señala Kike Fernández de Pinedo.

El contrato sobre el que el órgano fiscalizador ha abierto causa lo firmó el exalcalde Alonso con Gonzalo Antón en 2007 estableciendo una renta superior a la que los técnicos del Ayuntamiento consideraban apropiada. Así, el Ayuntamiento tenía que pagar, en total, obras de reforma del local incluidas, más de siete millones de euros durante veinte años por un inmueble que Antón compró por poco más de dos millones.