vitoria - La instructora que investiga el contrato de alquiler de los locales de San Antonio ha sido tajante. Mónica Rino García-Camacho considera que el caso no ha prescrito, como defiende el PP, porque el Ayuntamiento sigue abonando cada mes una elevada renta al empresario Gonzalo Antón. El Tribunal de Cuentas decidió ayer seguir adelante con la investigación y abrir juicio contable contra Alfonso Alonso, Javier Maroto y los otros siete exediles populares que formaban parte del ejecutivo que gobernaba en el Ayuntamiento cuando se firmó el contrato en 2007. Tras escuchar a la defensa de los miembros del PP -ninguno acudió a declarar-, el órgano fiscalizador del Estado les ha dado un plazo de diez días para pagar una cuantiosa fianza (496.223 euros) por presunta responsabilidad contable. Las reacciones a este paso adelante del Tribunal de Cuentas fueron inmediatas en Vitoria. En el Ayuntamiento, la oposición deslegitimó la gestión de Maroto y del PP por el perjuicio económico que supone para la ciudad. Y en la calle, la plataforma ADI! Elkartea se concentró por la tarde junto a las oficinas fruto de la polémica para denunciar la “malversación de fondos públicos de Alonso y Maroto”.

El Ayuntamiento de Gasteiz fue el primero en sacar a la luz posibles irregularidades en el contrato firmado en 2007 entre Alonso y Antón. La oposición abrió una comisión de investigación que concluyó que el ahora ministro de Sanidad benefició al empresario gasteiztarra al acordar entre ambos un alquiler muy superior, más del doble, al precio de compra del inmueble, y hacerlo en contra de la valoración previa hecha por los técnicos municipales, y además, con un blindaje de veinte años, una cláusula que impide prácticamente romper el acuerdo y unas subidas anuales del arrendamiento con un IPC a todas luces desproporcionado de hasta el 9%. En su informe final, la comisión investigadora del Ayuntamiento concluyó que la responsabilidad política de pagar un alquiler de 7,6 millones de euros, reforma incluida, por un local que costó 2,7 recae directamente en el gabinete del PP de Alonso. Y como el Ayuntamiento carece de cualquier tipo de capacidad sancionadora o penal, PNV, PSE y EH Bildu decidieron entregar las conclusiones de su investigación al Tribunal de Cuentas. Ayer, los tres partidos vieron cómo el tribunal les daba la razón.

Para el PNV, la decisión del Tribunal de Cuentas deslegitima al alcalde para dirigir la ciudad porque “ha traicionado a Vitoria”, señala Gorka Urtaran. “Ha faltado a la verdad, ha ocultado información y no ha defendido los intereses económicos de Gasteiz”, constata el portavoz jeltzale. “Su credibilidad queda absolutamente en tela de juicio. Y, lejos de cerrar el caso como quería el PP, la instructora ha impuesto a todos los miembros de aquel gobierno una cuantiosa fianza por presunta responsabilidad contable”.

Para EH Bildu, que ya ha pedido la comparecencia del alcalde para que dé explicaciones en sede municipal, “se ha acabado el tiempo de los chanchullos en Vitoria y ha llegado el momento de airear el Ayuntamiento”, declara la candidata a la Alcaldía de Gasteiz, Miren Larrion. La coalición, que ha denunciado una y otra vez la gestión de los gobiernos populares de Alonso y Maroto, insiste en que el PP es la ruina para Vitoria y Álava. “Hasta los propios aparatos del Estado hacen responsables a Alonso y Maroto de la ruina de San Antonio”, señala Larrion. También los socialistas opinan que lo sucedido ayer en el Tribunal de Cuentas demuestra que el contrato de San Antonio fue totalmente perjudicial para Vitoria, y que se hizo en beneficio del interés privado de Antón por dejación del PP a la hora de defender el interés público de la ciudad. La concejala Marian Gutiérrez, la única que ayer se personó en el Tribunal de Cuentas, insiste en que “ha quedado demostrado que fue un contrato leonino que no respondía al interés general”. Gutiérrez, citada a declarar junto al resto de miembros del PP, también tendrá que abonar una fianza de 5.228 euros por un mal cálculo del IPC que se ha ido sucediendo año tras año, ya que fue titular de la cartera de Hacienda durante el mandato de Patxi Lazcoz.

Fuera del ámbito político, plataformas como ADI! Elkartea también valoraron la decisión del Tribunal de Cuentas. Para su portavoz, el hecho de que el órgano fiscalizador haya decidido que el caso San Antonio no ha prescrito demuestra que ha habido “irregularidades y malversación de fondos públicos para favorecer intereses privados y otros aún ocultos, que todavía no sabemos dónde llegan”, manifiesta Javi Aguillo, portavoz del colectivo nacido hace un año para impulsar la denuncia ciudadana de casos de corrupción en Euskadi. “Esperemos que, pese a las presiones políticas, el tribunal siga adelante con la investigación y destape todo”, apunta. Aguillo tiene claro que la responsabilidad de Alonso y Maroto va más allá de lo económico y por eso, al igual que hizo el Pleno de Gasteiz, considera que la Fiscalía tendría que tomar cartas en el asunto y abrir diligencias. “No es un caso puntual y esporádico, no se trata de la forma de actuar de una oveja descarriada, es fruto de un modelo de gestión y demuestra que la corrupción existe en Euskadi”, opina, recordando otros asuntos judicializados como el caso del coche eléctrico Hiriko.

Por la tarde, miembros de ADI! Elkartea y ciudadanos de Vitoria se concentraron junto a los locales de San Antonio para denunciar las presuntas irregularidades que sobrevuelan sobre el contrato de alquiler. Aguillo lamenta que hasta la fecha la respuesta ciudadana en la calle contra la corrupción haya sido tan pobre, y espera que la protesta de Vitoria sea sólo el embrión.