VITORIA, 5 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha asegurado que el contrato para el alquiler de la calle San Antonio, por el que el Tribunal de Cuentas del Estado le reclama una fianza por un presunto "perjuicio" a las arcas públicas, se firmó de acuerdo "al interés general" de los vitorianos. De todas formas, ha anunciado que ni él ni el resto de concejales recurrirán esta decisión y abonarán el dinero reclamado en los próximos días.
Maroto se ha referido de esta forma, en una rueda de prensa en el Parlamento vasco, a la decisión del Tribunal de Cuentas del Estado sobre el conocido como 'caso San Antonio', que se encuentra en periodo de instrucción.
El órgano fiscalizador considera que el ministro de Sanidad y antiguo alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso; el actual regidor de la capital alavesa, Javier Maroto, y otros siete ediles, incurrieron en una presunta "responsabilidad contable" de 496.223 euros por el "perjuicio" causado a las arcas públicas por un contrato público firmado en 2007 a un precio muy superior al de mercado.
El Tribunal de Cuentas, en un acta provisional, reclama que Alonso, Maroto -que en el momento de los hechos era concejal de Hacienda- y al resto de los concejales del PP que en 2007 formaban parte de aquel Ejecutivo municipal, resarzan a las arcas del Ayuntamiento con la mencionada suma, debido al perjuicio económico generado por el contrato al Consistorio.
El contrato investigado fue firmado por el Gobierno municipal del PP con el empresario Gonzalo Antón. A través de este documento, el Ayuntamiento de Vitoria arrendó a Antón unos locales en la calle San Antonio por un precio final de 7,6 millones de euros y un periodo de veinte años. La polémica se suscitó porque la tarifa del alquiler superaba con mucho el precio por el que el empresario compró los locales: 2,7 millones de euros.
"ARREPENTIMIENTO"
El alcalde y parlamentario del PP ha asegurado que, pese a todo, tiene "claro" que aquel contrato se hizo de acuerdo al "interés general". En la misma línea, ha manifestado que el alquiler firmado con Antón se hizo "conforme a la legalidad" y "conforme a derecho".
Los periodistas han preguntado en dos ocasiones al alcalde si se "arrepiente" de la firma de aquel documento, aunque no ha aclarado su posición al respecto. "No se trata de una cuestión de ese tipo", ha manifestado.
Maroto ha expresado su "discrepancia" con la instructora del Tribunal de Cuentas, que considera que el alquiler de San Antonio generó un presunto "perjuicio" económico a las arcas públicas.
El órgano fiscalizador alude también a que la decisión del gabinete de Alonso y Maroto se produjo pese a un informe técnico de funcionarios del Consistorio que consideraba que el precio del alquiler debía ser inferior. El alcalde ha asegurado que dicho informe era "preceptivo", pero "no vinculante".
ELECCIONES
De todas formas, ha anunciado que tanto él como el resto de los concejales del PP a los que se requiere el pago de la fianza -una parte de ésta también se reclama a una concejal del PSE-EE de la legislatura posterior a la de Alonso- no recurrirán la decisión del órgano fiscalizador por las que se les exige este dinero.
Maroto ha justificado esta decisión con el argumento de que desea que la decisión definitiva del Tribunal de Cuentas en torno a este asunto se produzca "antes" de las elecciones municipales del 24 de mayo. "Por eso no recurrimos", ha explicado. En la misma línea, ha afirmado que no quiere que se "alarguen los plazos" en relación a este tema.
El alcalde ha criticado la actitud del PSE y del PNV, a los que ha acusado de "enredar" con este asunto antes de las elecciones, aunque ha reconocido que el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas es ajeno a esta "estrategia".
"TRANQUILOS Y SEGUROS"
Maroto ha asegurado que los vitorianos pueden estar "tranquilos y seguros", ya que este tema "no les va a costar ni un euro" porque, en caso de que la decisión definitiva confirme el "perjuicio" a las arcas públicas, los concejales del PP "responderán de forma personal".
En este sentido, un periodista ha preguntado al alcalde si estaría dispuesto a continuar en el cargo en el caso de que el Tribunal de Cuentas ratifique que aquel contrato supuso un quebranto económico para el Ayuntamiento. Maroto, no obstante, no ha precisado cuál sería su decisión en ese supuesto. EP
