vitoria - Javier Maroto propone ahora que se implante la huella digital en el Servicio vasco de Empleo Lanbide para garantizar la identidad de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Una medida más del alcalde de Vitoria y parlamentario del PP para endurecer el acceso a las ayudas sociales dentro de su cruzada contra la RGI. Una propuesta sobre la que el Gobierno Vasco no opinará hasta que no se tramite formalmente por si se trata de otra “ocurrencia” del líder popular. Maroto lanzó precisamente ayer esta petición, en una semana en la que varios cargos de su partido, entre ellos Alfonso Alonso, están en el punto de mira, ya que han sido citados por el Tribunal de Cuentas que investiga posibles irregularidades en el alquiler de unos locales de la calle San Antonio de Vitoria. Y lanzó ayer esta idea, justo un día antes de su comparecencia (hoy) en el Ayuntamiento de Gasteiz para declarar ante la comisión de ayudas sociales montada por la oposición para desmentir la tesis del alcalde sobre estas prestaciones. Maroto defiende que es necesario endurecer el acceso a la RGI y para ello arremete contra la población magrebí y argelina acusando a estos inmigrantes de fraude social.

¿Cortina de humo? En más de una ocasión el alcalde se ha dejado ver recogiendo firmas con la plataforma Ayudas+Justas que él mismo gestó mientras diferentes personalidades declaran a favor del sistema de ayudas sociales en el Consistorio gasteiztarra.

La huella digital es la última de las medidas propuestas por Maroto que desde hace meses lidera en el Parlamento Vasco una campaña para que el legislativo apruebe una modificación de los criterios de concesión de la RGI. Así, el alcalde defiende ahora la implantación de una huella digital para que se pueda reconocer a los usuarios de las ayudas sociales en los casos en los que técnica y jurídicamente se considere necesario. Según la nota enviada por el PP, el alcalde de Gasteiz considera que Lanbide ha tenido recientemente algunas dificultades en el seguimiento de la identidad de algunos preceptores. “El Gobierno Vasco debe poner punto y final a los casos de falsificación de pasaportes que, como hemos podido comprobar, está permitiendo que se descubran situaciones de abusos en los que una misma persona cobra varias ayudas sociales al mes”, acusa. E insiste en que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar y mejorar las políticas sociales, actuando siempre en beneficio de las personas que de verdad lo necesitan.

Manifestaciones sobre las que el Gobierno Vasco no opinará hasta que no sea una propuesta formal, ya que -dice el ejecutivo de Urkullu- podría ser una ocurrencia del momento. Preguntado por esta cuestión, el portavoz, Josu Erkoreka, considera que para emitir una opinión seria sobre la iniciativa antes debe ser registrada por las vías pertinentes. “De momento es sólo una idea dicha ante los medios de comunicación”.

hoy, en el ayuntamiento Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria preguntarán hoy al alcalde por las ayudas sociales que su gobierno gestiona en el Ayuntamiento de la capital alavesa. Y también sobre los datos de fraude social de los que el alcalde ha hablado de forma reiterada, pero que no ha presentado con cifras claras. Junto a Maroto comparecerá también la concejala de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, por ser la responsable del área que gestiona las prestaciones a los ciudadanos que carecen de recursos económicos, y el edil socialista Peio López de Munain en calidad de exconcejal de esta cartera con Lazcoz.