Gasteiz - La convocatoria por parte de la plataforma Araba sin Garoña para reclamar por enésima vez el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa reunió ayer en el centro de la capital alavesa a varios miles de personas. La marcha partió a las siete de la tarde de la plaza de la Virgen Blanca y discurrió bajo la lluvia por las calles de la capital alavesa coincidiendo con el cuadragésimo cuarto aniversario de la puesta en funcionamiento de la planta nuclear burgalesa, que encendió su reactor el 2 de marzo de 1971.
La protesta de ayer contaba con el respaldo de todos los sindicatos vascos, las asociaciones más representativas del sector primario, profesionales de la salud, treinta movimientos sociales del territorio, alcaldes alaveses y más de medio centenar de profesores del campus alavés de la Universidad del País Vasco. Además, la manifestación contó con la presencia de partidos con representación política, a cargo de PNV, PSE y EH Bildu. El PP y las principales instituciones que gobierna en Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación, declinaron asistir, así como UPyD.
El portavoz de Araba sin Garoña, Alberto Frías, subrayó que “una marea popular ha llenado las calles de Vitoria” en una marcha que ha recabado una “unidad sin precedentes”, en respuesta a la “alarma social” generada por “el intento del PP” de reabrir Garoña, informa Efe. Frías advirtió de que la posible vuelta a la actividad de la central “pone en peligro la seguridad, la vida y el desarrollo de quienes viven en su ámbito de acción”, y emplazó a los partidos a “poner sobre la mesa elementos reales que imposibiliten la reapertura”.
Garoña, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria, es la central más antigua y pequeña de España y lleva parada desde diciembre de 2012 por decisión de Nuclenor (empresa participada por Iberdrola y Endesa), que alegó para ello motivos económicos relacionados con los nuevos impuestos sobre el combustible nuclear. Posteriormente cambió de opinión y solicitó la renovación de la licencia de explotación por 17 años más, una petición sobre la que se tiene que pronunciar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos informes son vinculantes.
Recientemente, el pasado 19 de febrero, el Parlamento Vasco acordó con el voto favorable del PNV, EH Bildu, PSE, y también del PP, “impugnar cualquier acto o disposición administrativa” que pueda suponer la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, e instó al Ejecutivo autonómico a hacer lo mismo. UPyD votó en contra.
