Vitoria - El Ayuntamiento de Vitoria cerró la investigación sobre el millonario alquiler de los locales de la calle San Antonio responsabilizando al gobierno del exalcalde Alfonso Alonso del perjuicio económico que para la ciudad supone abonar seis millones de euros en veinte años al empresario Gonzalo Antón. El caso está ahora en manos del Tribunal de Cuentas español. El máximo órgano fiscalizador ha citado a declarar el 5 de marzo a todos los concejales y exconcejales presentes en el ejecutivo del PP de la última legislatura del ahora ministro de Sanidad, cuando se firmó el contrato. También declararán el Ministerio Fiscal y los dos ediles que se han hecho cargo de la cartera de Hacienda en posteriores gobiernos: Marian Gutiérrez durante el mandato del socialista Patxi Lazcoz y Manu Uriarte, en el actual gabinete de Javier Maroto. Pero, además de todos estos representantes políticos que conocen de primera mano el caso San Antonio, el Tribunal de Cuentas pide también que se designe a una persona encargada de declarar en defensa de los intereses del Ayuntamiento. Y es ahí donde surge la polémica.

¿Quién va a defender los intereses económicos de la ciudad el 5 de marzo? ¿Puede hacerlo el alcalde, miembro del PP, y por tanto juez y parte? ¿Debe nombrar el Ayuntamiento a un representante que no dependa de ningún partido directa o indirectamente para que el tribunal pueda dirimir si este contrato perjudica económicamente al patrimonio de Vitoria? ¿Puede el PP defender sus intereses o los de sus miembros y al mismo tiempo defender los de la ciudad? El propio Tribunal de Cuentas, habida cuenta de este conflicto de intereses, señala en la notificación enviada al Ayuntamiento que: “para la debida defensa de sus derechos e intereses, a la representación del Ayuntamiento de Vitoria, sea la Corporación municipal quien acuerde designar a los efectos de este procedimiento instructor, habida cuenta del eventual conflicto de intereses que pudiera concurrir en la persona del actual alcalde, Javier Maroto”, cita literalmente. Y es, precisamente, lo que ayer, sin éxito, intentaron los partidos de la oposición. PNV, PSE y EH Bildu pidieron al alcalde que acuda la secretaria general del Pleno a defender los intereses de la ciudad en Madrid, y en su sustitución el interventor, puesto que son los dos únicos cargos del Ayuntamiento que no dependen de un nombramiento político. Sin embargo, el gobierno de Maroto no está dispuesto. En su lugar, contratará a un procurador de la capital española para que comparezca ante el Tribunal de Cuentas en nombre del Ayuntamiento y para que pida que el caso se archive porque ha prescrito. Cierto que han pasado años desde la firma del contrato, pero también que la ciudad sigue pagando cada mes un elevado alquiler por los bajos de la calle San Antonio.

El PP argumenta que la representación del Ayuntamiento le corresponde al alcalde por ley. Y que por eso serán los servicios jurídicos quienes deleguen la defensa de la ciudad en un procurador de Madrid, un bufete del que no dio nombre. Según Idoia Garmendia, “como siempre se ha hecho”. Y explica la teniente de alcalde que ni la secretaria general del Pleno ni el interventor -las dos personas que propone la oposición- están legitimados para representar al Ayuntamiento.

Para la oposición, en cambio, todo responde a una maniobra del PP por ocultar lo que realmente se esconde detrás del millonario contrato rubricado entre Alonso y Antón. Y lo que Maroto está haciendo es “poner trabas” para que el Tribunal de Cuentas archive el caso porque si finalmente dirime que la operación ha sido perjudicial para los intereses económicos de Gasteiz, esto es que es el Ayuntamiento quien ha perdido dinero con este acuerdo, serían los miembros de aquel gobierno a título personal quienes deberían reponer el perjuicio económico con su propio patrimonio. Además, el hecho de que el PP vaya a pedir que se cierre el caso argumentando que ha prescrito hace dudar a PNV, PSE y EH Bildu de que el gabinete de Maroto quiera realmente esclarecer lo que ocurrió. “No puede ser que Maroto sea quien nombre al representante del Ayuntamiento porque es juez y parte; es incompatible defender los intereses de la ciudad y al mismo tiempo los del PP”, manifiesta el portavoz jeltzale, Gorka Urtaran. Para el socialista Patxi Lazcoz está claro que si Vitoria puede recuperar parte del dinero del alquiler hay que hacer todo lo necesario para que así sea, para acabar con ese contrato firmado con Antón. En cambio, “el PP manda a sus representantes para que aleguen que el caso ha prescrito”. Y se pregunta el portavoz del PSE si lo que tienen es miedo a entrar en el asunto de fondo, a que el Tribunal de Cuentas concluya que podría haber responsabilidades personales de Alonso y Maroto. Tampoco EH Bildu ve demasiadas ganas por aclarar el caso en el movimiento hecho por el PP. “Quien defienda los intereses de la ciudad debe ser lo más objetivo posible”, apunta Kike Fernández de Pinedo.