vitoria - Mientras el diputado general, Javier de Andrés, sigue sigue resistiéndose a mostrar su rechazo de forma diáfana a la reapertura de la central nuclear, limitándose a tibias declaraciones públicas en las que parece preocuparse más de no molestar a su partido que de expresar su posición sin ambages, las Juntas Generales de Álava decidieron en marzo recurrir judicialmente la posible reactivación de Santa María de Garoña en una decisión acordada por todos los grupos junteros, salvo el PP, tras sellar una moción transaccional a instancias de una propuesta del PSE.

Sin embargo, en octubre el Tribunal Supremo desestimaba la demanda de las Juntas Generales de Álava en la que solicitaban la suspensión cautelar de la actividad del complejo e instaban a congelar su actividad hasta que se resolviera una demanda previa, emitida en mayo por la Cámara foral, contra el Real Decreto del Gobierno de Rajoy que prendió la mecha y allanó el camino de la reapertura de la planta burgalesa.

En la resolución del Supremo, el juez José Manuel Bandrés rechazaba la petición de las Juntas con un argumento a medio camino entre lo judicial y lo político, al considerar que “el interés público debe prevalecer sobre la necesidad de satisfacer el derecho de los ciudadanos de acceder al suministro eléctrico en condiciones equitativas, que puede determinar que el Gobierno, ante la persistente dependencia energética del exterior y el elevado déficit tarifario, considere que no cabe infrautilizar ninguna de las fuentes de producción de energía eléctrica disponible”.

La decisión del Supremo fue duramente criticada por el grupo juntero de EH Bildu, que lamentaba que también este órgano se plegara “a los intereses de Nuclenor”. Según incidía el portavoz de la coalición abertzale, Gorka Ortiz de Guinea, el Supremo “pensar que el suministro eléctrico de la ciudadanía depende de una central obsoleta y peligrosa, que lleva casi dos años desenganchada de la red eléctrica, es recurrir a un argumento que se ha demostrado es falso y que además es el que esgrime Nuclenor”. Pese a ello, la vía judicial sigue abierta. - D.O.