bilbao - Acompañado de su mano derecha y de un letrado municipal (según denunció EH Bildu), Javier Maroto llegaba poco antes de las 8.30 horas de ayer al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para comparecer ante el Fiscal Superior por un delito de incitación al odio y contra los derechos de los extranjeros, a raíz de una denuncia presentada por SOS Racismo. Antes de entrar, el alcalde de Vitoria aprovechó la atención mediática que obtuvo su declaración para incidir en su discurso de las últimas semanas y cargar contra el resto de partidos políticos por no apoyar su cruzada. “Pido a todas las formaciones que se quiten la venda de los ojos y revisen una norma que permite el abuso y que haya personas que delinquen por la mañana y por la tarde cobran la RGI, que concede sueldos vitalicios de 866 euros a personas en situación irregular”, aseguró.

Maroto apuntó que el fraude está cifrado en más de 20 millones de euros -citando una respuesta del departamento autonómico de Empleo y Políticas Sociales a una pregunta del PP en el Parlamento Vasco- y criticó que ese dinero sea sufragado por “trabajadores que no ganan 800 euros al mes, autónomos y personas que han cotizado muchos años a la Seguridad Social y que ahora desconocen si cobrarán sus pensiones”.

Respecto a las declaraciones objeto de la denuncia, cuando aseveró que muchos inmigrantes “viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse”, y tachó de “escandaloso” el caso de ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en Vitoria, Maroto recalcó ayer que “nada más lejos” de su voluntad que “se criminalice a todos los inmigrantes por igual”, según informan Efe y Europa Press.

En su declaración ante el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, dijo que no había querido criminalizar a los inmigrantes ni incitar “a la violencia”, porque él condena “cualquier tipo de acto violento, sea cual sea la motivación”.

A su llegada al Palacio de Justicia de Bilbao, el alcalde gasteiztarra escuchó gritos de “racista y fascista” por cerca de una decena personas que le esperaban en los alrededores. Junto a una pancarta que proclamaba “no a la criminalización de la pobreza” se encontraba también el portavoz de SOS Racismo Araba, Fede García, que animó a “parar el tsunami de criminalización de la exclusión social” con una moción de censura a Maroto tras sus declaraciones “racistas y excluyentes” por las que, a su juicio, tiene que ser “sancionado porque están causando daño a la sociedad vasca”.

Fede García rechazaba el mensaje de que vienen ciudadanos a “vivir del cuento” y son unos defraudadores, e indicó que lo que tiene que hacer el PP es “limpiar su propia casa” y asumir la responsabilidad de “dar soluciones a los problemas reales que tiene la ciudadanía”. Además, el responsable de SOS Racismo aseguró que a Maroto “quizá” le viene “mejor estar en titulares de prensa” hasta el día de las elecciones.

A juicio de Javier Maroto, su presencia ayer en sede judicial suponía “el mundo al revés” porque “resulta que la asociación que ha reconocido públicamente empadronamientos ficticios masivos de magrebíes en Vitoria en sus propias lonjas, con el único objetivo de que, sin vivir en la ciudad, tuvieran la antigüedad suficiente para cobrar la RGI”, es la que le denuncia “por descubrir el fraude en las ayudas sociales”. Asimismo, también condenó “profundamente” declaraciones como las que SOS Racismo “y quienes les secundan” han hecho contra él.

Antes de regresar a la capital alavesa, Maroto resaltó que la normativa sobre ayudas sociales del País Vasco “no se adapta” a lo que se está regulando en países como Dinamarca, Suecia o Noruega, donde un requisito “imprescindible” para acceder a las ayudas es disponer de residencia “legal y habitual”, ni tampoco “al principio básico de solidaridad” ya que “muchas personas quedan fuera de la RGI, mientras que otros acceden sin dificultad”.

pobres contra pobres Por otro lado, el secretario general de ELA, Adolfo Txiki Muñoz, alertó ayer del incremento de la xenofobia en el País Vasco fomentado por el Partido Popular, “la derecha más recalcitrante, que está hasta el tuétano de corrupción” y que busca “enfrentar a pobres con pobres”. Ante esa situación, hizo un llamamiento al trabajo “interno” de todas las organizaciones políticas y sociales vascas porque “ningún colectivo social está exento de que germine la xenofobia” en él.

Muñoz aseguró que el poder político y económico intenta destruir el sistema de protección social para obligar a los trabajadores a aceptar “contratos miserables”, con salarios inferiores a la cuantía de las ayudas sociales. “Viene la miseria al mundo del trabajo”, alertó el dirigente sindical, que presentó las propuestas de su central sobre el sistema vasco de protección social, que incluyen extender y aumentar la renta de garantía de ingresos (RGI), convertir las ayudas de emergencia social (AES) en un derecho subjetivo y dotar de más personal a Lanbide.