las reivindicaciones de equiparación laboral, social, de condición de plena ciudadanía o de no discriminación por razón de sexo pueden parecer una obviedad en pleno siglo XXI. Y, sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzarlas. Un trayecto que requiere de políticas activas, medidas concretas, prácticas, grandes y pequeñas en todos los campos: políticos, económicos, públicos, privados, culturales y, por qué no, urbanísticos. Probablemente es en el planeamiento a pie de asfalto donde más se puede conseguir con menos. Hacer realidad viviendas, calles, plazas, lugares no discriminatorios, en los que las mujeres se sientan protegidas, visibles, cómodas, protagonistas y partícipes de la vida diaria y del progreso de sus ciudades no requiere de grandes inversiones. Tan sólo de conciencia y determinación para llevar a la práctica actuaciones a veces tan sencillas como mejorar la iluminación, diseñar aceras anchas y espacios diáfanos, favorecer la visibilidad en los parques e intensificar la presencia policial en puntos aún sensibles. El resultado será una localidad más segura para ellas, donde no haya tanta cabida para ese miedo que puede ser o no libre, pero también para todos los residentes. Y esa meta es la que persigue desde hace unos años Vitoria, aunque la visión de las distintos agentes implicados sobre la situación actual difiera. Hay quienes continúan advirtiendo de la presencia de focos negros, mientras que otros se niegan a tacharlos como tales. Un debate que ha vuelto a la palestra municipal tras el intento de agresión sexual en Judimendi en agosto, un año después de otro similar en la misma zona.

¿Es Vitoria una ciudad segura o no? Desde el equipo de gobierno, la respuesta es rotunda. “Sí. De hecho, de las que más con diferencia de toda España”, apuntilla el responsable de Seguridad Ciudadana, Alfredo Iturricha. Las estadísticas que maneja le dicen también que, en el caso concreto de las mujeres, un colectivo considerado tradicionalmente más proclive a ser objeto de violencia, la mayoría de las agresiones de género se produce en casa y no en la calle. De ahí que delitos sexuales como el cometido en verano sean, a su juicio, “hechos circunstanciales” que no deberían de alimentar un mensaje alarmista. El edil se niega, incluso, a hablar de la existencia de puntos negros, aunque hace un lustro que éstos quedaron plasmados como tales en el Mapa de la Ciudad Prohibida; una iniciativa impulsada por varios colectivos feministas y asociaciones de vecinos de Gasteiz, agrupados en una sola voz por la Plataforma 25 de noviembre.

En aquel plano, Aranbizkarra, Zaramaga, Txagorritxu, el Casco Viejo y San Martín fueron catalogados como los barrios más peligrosos por su escasa iluminación o viviendas con soportales. También se señalaron zonas concretas como los alrededores de las vías del tren, los pasos subterráneos que salvan los raíles, el campus universitario, el parque de Arriaga, el entorno de Las Conchas y algunos espacios de Santa Lucía. Aquel toque de atención derivó en la creación de una mesa técnica de trabajo en el Ayuntamiento, que culminó con la redacción del Diagnóstico de Seguridad Local, una hoja de ruta que orientaría sobre las posibles actuaciones de mejora. Desde entonces, en algunos puntos parece haberse incrementado la percepción de seguridad. Otros, sin embargo, continúan desatando el miedo, justificado en muchos casos a ojos de la Plataforma 25 de Noviembre. Pero Iturricha defiende su labor. “Continuamente se están tomando medidas en aquellos lugares que podríamos calificar de sensibles, que no peligrosos”, apuntilla.

La actuación municipal se desarrolla hoy en día al margen de aquel Mapa de la Ciudad Prohibida, especialmente marcada por las recomendaciones de la Policía Local. “Las patrullas nos trasladan sus consejos y éstos se derivan a Igualdad y Espacio Público”, aclara el edil. Este protocolo desemboca, por ejemplo, en el recorte de la vegetación que bordea los itinerarios peatonales de los parques cuando ya ha crecido demasiado o la mejora del alumbrado en puntos oscuros. Por otro lado, allí donde el Ayuntamiento todavía no puede o no ha sabido llegar, se intensifica la presencia de los agentes. Iturricha se refiere a zonas de viviendas con soportales, “imposibles de modificar”, o a calles que para favorecer su seguridad habría que someter a reformas integrales y que, por motivos que no puede especificar -¿otras prioridades en el Presupuesto, tal vez?- no se han llevado a cabo. “Un ejemplo sería San Ignacio, donde una de las aceras no tiene farolas ni se pueden poner si no es levantando la arteria por completo”, matiza. En esos casos, el Consistorio “incrementa la vigilancia” y, consciente de que a todas partes no se puede llegar, confía en que “impere la precaución”.

El edil habla de sentido común. “Si existen itinerarios alternativos, que suele ser lo habitual, hay que tomarlos”, subraya. Cierto es, no obstante, que no siempre es posible, como lo atestigua el Mapa de la Ciudad Prohibida. Por ello, y para continuar avanzando hacia un urbanismo inclusivo que garantice hasta donde es posible la seguridad plena de los vitorianos, el Ayuntamiento ha suscrito un convenio de la UPV para la realización de otro callejero donde queden señalados todos los puntos de Gasteiz donde se hayan realizado intervenciones policiales por faltas y delitos “Se trata de geolocalizarlas, de forma que tengamos una visión real de la situación, más allá de percepciones, ya que el miedo es libre”, puntualiza Iturricha. El trabajo acaba de comenzar, así que es pronto para lanzar conclusiones, aunque el edil ya puede adelantar que “la mayoría de puntos está en el centro por contratiempos asociados a ocio de fin de semana, y en barrios como Lakua o Sansomendi por delincuencia organizada pero circunstancial, no por agresiones de género, aunque en un momento dado pueda producirse un problema así”.

Entre la alarma de género que tal vez pudo desatar el Mapa de la Ciudad Prohibida y la confianza que procura transmitir el actual equipo de gobierno, existen voces de mujer intermedias. Entre ellas, la de Miren Ortubay, profesora de la UPV de Derecho Penal e integrante del Fórum Feminista María de Maeztu. Su asociación formó parte de la Plataforma 25 de noviembre para la elaboración de aquel callejero basado en experiencias y percepciones, pero acabó desvinculándose de la iniciativa. No tanto por no empatizar con la importancia de ese trabajo, pues le parece valioso, sino por el temor a que pudiera volverse como un boomerang contra la buena intención de procurar una Vitoria más segura. “Debemos de tener cuidado en cómo mandamos el mensaje. A veces se consigue el efecto contrario al que buscamos: en vez de ampliar la libertad de las mujeres, puede aumentar el miedo en ellas, y el miedo es su peor enemigo porque hace que se autocensuren”, advierte.

El simple hecho de vivir en sociedad “conlleva riesgos”, pero ella apuesta por analizar esos peligros potenciales que se agazapan por la ciudad para atajarlos con todo el pragmatismo posible, evitando discursos perniciosos. También subraya la necesidad de arrancar ya etiquetas de género a las amenazas de la calle, subjetivas u objetivas, así como a las actuaciones que puedan desarrollarse para mitigarlas. “Con la mejor voluntad del mundo , se insiste en el tema de las mujeres sin darnos cuenta de que eso acrecienta su perfil de víctimas”, explica. Está claro. Todos y todas hacemos ciudad. Y sólo la sentiremos, disfrutaremos, cuidaremos y haremos prosperar y progresar si, realmente, nos sentimos a gusto en ella. Si la sentimos nuestra. Y, para lograrlo, lo primero es poner de nuestra parte para rebajar el miedo. Ése que a veces es libre y a veces no tanto.