gasteiz - La decisión del diputado general de Álava, Javier de Andrés, de ceder el antiguo colegio de Izarra a una empresa dedicada a realizar simulaciones militares podría haber encontrado un obstáculo legal antes siquiera de su puesta en marcha. Así lo sugiere el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Urkabustaiz. Éste se presentará en mayo en el Pleno municipal para su aprobación inicial, con una "precisión normativa" del artículo 142. Ésta recoge textualmente que "en el caso específico del colegio internado de Izarra se prohíbe su empleo transitorio o final como equipamiento para el entrenamiento policial, militar y o de cualquier actividad de tipo bélico asimilable". Un apunte legal que podría poner en duda la operación llevada a cabo por el Gobierno popular.

En cualquier caso, la noticia adelantada ayer por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA ha provocado el rechazo de todos los grupos forales en la oposición, que criticaron tanto la forma como el fondo del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo foral y la firma Airsofttotal Group, radicada en Ávila. El contrato establece la cesión por al menos cinco años del recinto, de once hectáreas, a la adjudicataria abulense que, a cambio, no pagará directamente ninguna cantidad al Ejecutivo foral liderado por el Partido Popular. Como contraprestación, Airsofttotal Group adquiere el compromiso de invertir un mínimo de 50.000 euros en el complejo -la mitad el primer año-, aunque el contrato, al que ha tenido acceso este rotativo, no incluye ninguna cláusula que garantice o penalice incumplimientos en dicha materia.

Para explicar de primera mano los pormenores del acuerdo sellado entre Álava Agencia de Desarrollo (AAD), la sociedad foral encargada, principalmente, de la promoción de suelo industrial en la provincia, que ostenta los derechos de superficie de la propiedad, y la empresa que ofrecerá estas prácticas de estrategia militar, el PNV solicitó ayer la comparecencia "urgente" del diputado foral de Promoción Económica, José Zurita. Además de pedir explicaciones sobre esta decisión, Ramiro González, portavoz del grupo juntero jeltzale, puso el acento en las prácticas que la empresa de airsoft realiza con menores de edad, que utilizan réplicas de armas de fuego al igual que los adultos.

"Nos parece gravísimo que el Gobierno foral del Partido Popular haya cedido gratis los terrenos de Izarra a una empresa de Ávila que se dedica a hacer juegos de guerra en los que participan menores de edad. Hemos comprobado que facilitan armas modificadas a menores de edad para que jueguen a la guerra", subrayó el representante del PNV. Además, Ramiro González incidió también en el hecho de que la Diputación "ha firmado este acuerdo sin conocer aún el uso concreto que esta empresa dará a las instalaciones". Por su parte, desde EH Bildu recordaron al diputado general que "no puede desprenderse de los terrenos de Izarra a cualquier precio" y resaltaron que la empresa "no tendrá que abonar alquiler alguno" por el uso del antiguo centro escolar.

"La Diputación sobrevaloró el valor de los terrenos para favorecer al Deportivo Alavés y ha puesto muy poco empeño en darle un uso a esos terrenos", aseguró Luis Salgado, procurador de la coalición abertzale, antes de destacar que "por si fuera poco, el contrato ni siquiera especifica quién se hará cargo de las obligaciones fiscales, por lo que deducimos que seguirán siendo las arcas públicas, a través de Álava Agencia del Desarrollo, la que siga haciendo frente a esos pagos".

Y es que convertir el recinto, con 25.000 metros cuadrados construidos, en el escenario de estos particulares juegos de guerra tanto para adultos como para menores no es un uso con el que los grupos estén de acuerdo. "Izarra debía destinarse a servicios públicos necesarios en Álava, pero el Gobierno foral sólo mira por los intereses de una empresa privada y lo peor es que hipoteca los intereses de alaveses y alavesas para los próximos cinco años", lamentaba ayer Cristina González, portavoz del PSE en Juntas Generales. Por su parte, la representante de EB Berdeak, Nerea Gálvez, incidió en el hecho de que "el Ejecutivo de De Andrés ha cedido unos terrenos que, en su momento y a pesar de nuestros quejas, hubiese podido ser un proyecto -el hospital de servicios sociosanitarios- interesante para el territorio, pero a la "chita callando", se lo ha concedido a una empresa para una actividad que no nos gusta en absoluto".

"era esto o nada" Este medio de comunicación se puso en contacto con representantes de la Diputación alavesa para recabar su opinión sobre lo publicado. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta alguna en toda la jornada. Ahora bien, el diputado general aportó en rueda de prensa una primera versión de los motivos que le han llevado a cerrar un apretón de manos. Y, por sorprendente que parezca, el propio gestor conservador no parecía demasiado convencido de su decisión, llegando a afirmar que la cesión sin coste a esta firma "no es la mejor elección", pero que la alternativa era "o esto o nada" y que, en su opinión, este uso bélico del colegio abandonado "garantiza que no haya más robos y que las instalaciones tengan uso".