vitoria. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado al Ayuntamiento de Vitoria a pagar 9,5 millones de euros a los propietarios de 17 de las 39 fincas agrícolas expropiadas a principios de la pasada década para levantar el Parque Botánico de Olarizu. Según la sentencia que desveló ayer el concejal de EH Bildu Antxon Belakortu, el equipo de gobierno de Alfonso Alonso modificó a la baja su propia valoración de las fincas cuando los propietarios se mostraron disconformes con el primer precio ofrecido, de tal forma que en lugar de percibir 5,5 millones (a 24 euros el metro), el Ayuntamiento les ofrecía 3,5 y les amenazaba con reclamarles parte del dinero que ya habían cobrado.
Cuando una sentencia de 2010 fija el precio de 90 euros por metro cuadrado que finalmente la ciudad va a tener que abonar, el Ayuntamiento modificó "con argucias" las hojas de aprecio de esas fincas (el documento que, en una expropiación, presenta cada parte para justificar el precio que propone) "para eludir el alcance de la sentencia" y pagar a 24. El dictamen conocido ayer y fechado el 15 de enero insiste en que hay que pagar a 90 euros el metro.
La historia que cierra (de momento) esta condena arrancó en 2001, cuando el Consistorio emitió un expediente de expropiación de 39 parcelas, que ocupaban 221.000 metros cuadrados, y que supuso el desembolso de los citados 5,5 millones de euros a los dueños de las fincas. Un total de 17 propietarios (137.000 metros cuadrados) recurrieron y en 2005 la Justicia dictaminó que el expediente había caducado. Había que hacer uno nuevo, y el Ayuntamiento, lejos de satisfacer la pretensiones de los expropiados, rebajó el precio en 1,5 millones de euros, de forma "caciquil", en palabras de Belakortu, quien señaló que la decisión la tomaron Alonso junto a su concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo; el edil de Medio Ambiente José Antonio Pizarro; y el director de Urbanismo Antón Sáenz de Santamaría, hoy subdelegado del Gobierno en Álava.
La sentencia conocida ayer supone que en lugar de pagar 3,5 millones de euros a los agricultores, el Consistorio deberá añadir 9,5 a los 5,5 ya abonados en su día, "el coste de un centro cívico", según Belakortu. Los demandantes pedían aún más, querían cobrar 234 euros por metro en lugar de 90.
Según el edil de EH Bildu, si el Ayuntamiento decide recurrir la sentencia puede enfrentarse a unos intereses de demora que incrementarían aún más la factura, que se suma a los 24 millones de euros que se le condenó a pagar a la ciudad por la sentencia del CTV (Centro de Transporte de Vitoria), o a los 2,6 que hubo que abonar a un propietario por otra expropiación en Gamarra. En total, la "herencia envenenada de Alfonso Alonso" asciende a 36,1 millones de euros. "Ni con el IBI de todo el municipio pagamos esto, son cuatro centros cívicos tirados por el desagüe", denunció Belakortu, quien aseguró que Alfonso Alonso y su equipo quisieron "timar" a los agricultores y "les han pillado", y por ello ha pedido explicaciones al concejal de Hacienda, Manu Uriarte.
el pp se desvincula de la tasación Las dio ayer mismo la teniente de alcalde Idoia Garmendia, que pocos minutos después de la comparecencia de Belakortu aseguraba que la valoración del justiprecio de las fincas la realizó un Jurado de Expropiación Forzosa compuesto por, "entre otras personas, un juez de la Audiencia Provincial, un técnico municipal y un funcionario del Gobierno Vasco", lo que a su juicio supone que "esta valoración no se hizo ni en un despacho, ni la hizo el entonces alcalde Alfonso Alonso, ni el entonces concejal de Urbanismo Jorge Ibarrondo, ni José Antonio Pizarro ni Javier Maroto".
EH Bildu respondió a Garmendia con una nota en la que tildaba de "falso" el argumento de la edil popular, y en la que adjuntaba una nota en la que el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística le comunicaba a Belakortu, en abril de 2006, que la tasación la realizó un técnico y la avaló el Ayuntamiento. La sentencia dice literalmente que el Jurado de Expropiación Forzosa "acogió el criterio del Ayuntamiento".
La cuestión es que el TSJPV ha dictado sentencia y ahora el Ayuntamiento de Gasteiz debe decidir si paga ya o se arriesga a recurrir. Ayer Garmendia afirmó que se ha solicitado a los servicios jurídicos municipales su criterio al respecto, mientras que al Departamento de Urbanismo se le ha reclamado una valoración exacta de la deuda con los agricultores, pues aunque Belakortu la tasó en 9,5 millones, esta cifra es una valoración aproximada.
Por su parte, el actual primer edil, Javier Maroto, señaló a DNA que el Ayuntamiento "pagó un precio más barato defendiendo sus intereses, y luego los juzgados han dicho que había que abonar un precio más alto, por lo tanto, hemos estado una serie de años ahorrándonos un dinero, y ahora pagamos el precio justo".
