vitoria. La comisión de investigación que trata de esclarecer por qué Alfonso Alonso suscribió siendo alcalde de Vitoria un oneroso contrato de alquiler blindado con Gonzalo Antón por unos locales de la calle San Antonio encara su recta final con nuevos enredos. El PP había sostenido hasta ahora que si se escogieron esas oficinas fue porque no existían otras que se adaptasen a las necesidades de espacio que requería el servicio de atención a la ciudadanía, pero uno de los documentos aportados ayer por la directora de Nuevas Tecnologías, justo el que justifica la búsqueda de lonja, ha resultado ser posterior al inicio de las negociaciones del entonces director de Hacienda -bajo las órdenes del ex primer edil- con el empresario.
La comparecencia de la funcionaria tuvo lugar a puerta cerrada, por lo que los grupos ofrecieron después sus versiones a la prensa. Desde el equipo de gobierno se destacó la aportación por parte de la trabajadora de "documentación" que justificaría tanto la necesidad de buscar espacio como el posterior traslado a San Antonio. Lo que no dijo y sí desveló la oposición es que las fechas de los papeles podrían contradecir las teorías del PP. El que habla sobre las necesidades del servicio es del día 28 de noviembre de 2006, pese a que las conversaciones con Anton empezaron antes. Por otro lado, el relativo al traslado se hizo tras haberse firmado el contrato millonario.
La comparecencia de la concejal de Asuntos Sociales, entonces diputada, Ainhoa Domaica, quedó aplazada al próximo jueves por problemas de salud. Mientras tanto, los grupos siguen esperando a que Alfonso Alonso responda por escrito a su cuestionario. Si lo hace, seguramente será cuando finalicen las intervenciones. Y ya falta poco. Sólo quedan por pasar la edil popular y el letrado del Consistorio.
