Vitoria. Lo que parecía el final del fantasma nuclear llegó a celebrarse con el descorche de botellas de cava y con aires de fiesta en calles y plazas del Casco Viejo gasteiztarra. La alegría ante los acontecimientos que parecían abonar el camino del cierre de la central de Santa María de Garoña se desbordó en distintos ámbitos. Y, sin embargo, el temor al regreso del miedo nunca se desvaneció del todo. De hecho, y pese a que el pasado 16 de diciembre el complejo atómico burgalés cumplió un año sin actividad, las evidencias hacían sospechar de la existencia de una hoja de ruta perfectamente diseñada y orquestada por el Gobierno central, en manos del Partido Popular (formación que también rige los destinos de la Diputación alavesa), para reactivar el complejo en el menor tiempo posible. Había mucho dinero en juego y los intereses de las propietarias de la central -Iberdrola y Endesa, accionistas al 50% de la gestora Nuclenor- nunca pasaron desapercibidos. Los últimos acontecimientos, que se resumen en anuncios persistentes del Ejecutivo central sobre la próxima finalización de la legislación ad hoc que facilitará el reenganche de Garoña, no han hecho otra cosa que confirmar los sospechas y reactivar la estela de reacciones que buscan explicaciones.

Todo lo acontecido en las últimas semanas era de esperar. Además de que el complejo ubicado en el Valle de Tobalina, a escasos 50 kilómetros de Vitoria, dispone hasta el próximo mes de julio para pedir una ampliación de su actividad durante, al menos, 10 años más, asiste a diario a la llegada de sus 300 operarios, que acuden fielmente al trabajo para mantener la central lista para volver a encender su reactor. Además, el Gabinete Rajoy se ha encargado de allanar el camino a los intereses de Nuclenor con la supresión de la retroactividad del nuevo impuesto de residuos nucleares. Tal circunstancia permitió a la firma que gestiona la central ahorrarse el pago de más de 150 millones de euros correspondientes a 2012. Además, el Ejecutivo permitirá a la central burgalesa no pagar ese tributo durante el tiempo que esté parada.

Sea como fuere, los pasos dados por los actores principales de este sainete -o tragedia, según se mire- han desembocado en la acumulación de reacciones airadas de quienes asisten a la estrategia afinada desde el Ministerio de Industria. En concreto, según avanza la Agencia Efe, los grupos del PNV, Bildu, PSE-EE y EB-Berdeak de las Juntas Generales de Álava -es decir, todos, excepto el PP- han suscrito una declaración conjunta en la que exigen el cierre y el desmantelamiento de la central. Las cuatro formaciones se han unido para rechazar el real decreto que ultima el Ejecutivo central para permitir la reapertura de la planta. Las agrupaciones firmantes de la declaración reiteraron en la misma que usarán "todos los medios legales" para que no su produzca su reapertura.

Asimismo, denunciaron la actitud del PP por "dar prioridad a intereses económicos frente a los intereses de seguridad de la ciudadanía", lo que genera "incertidumbre y preocupación". En este sentido, criticaron la actitud del diputado general de Álava, Javier de Andrés, al que acusaron de "no defender la opinión mayoritaria de la ciudadanía alavesa, favorable al cierre de la central, ante a las decisiones unilaterales del Gobierno de Mariano Rajoy".

Aparte, Europa Press apunta que el PNV anunció ayer que ha registrado iniciativas en el Congreso de los Diputados. Asimismo, el Grupo Vasco comunicó que pedirá explicaciones en la comparecencia del ministro de Industria, Energía, José Manuel Soria. El portavoz jeltzale en el área económica, Pedro Azpiazu, recordó que su formación "siempre" se ha mantenido favorable al cierre de la instalación atómica por entender que ha cumplido un ciclo y está amortizada. En su opinión, no tiene sentido incentivar su puesta en funcionamiento cuando las propias propietarias han afirmado que no es rentable para ellos.

Amaiur, por su parte, también solicitó la comparecencia urgente del ministro de Industria y Energía para que dé cuenta de la previsible reapertura del complejo atómico. Al mismo tiempo, ha registrado una batería de iniciativas en las que cuestiona al Ejecutivo de Rajoy sobre qué interés puede tener el Gobierno en volver a permitir la explotación de la obsoleta central nuclear de Santa María de Garoña después de 44 años en activo.

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l Años. Nuclenor puede solicitar hasta julio el reenganche de la planta por una década.