la falta de oportunidades que los jóvenes alaveses se encuentran al rastrear el mercado laboral empuja a muchos de ellos a hacer las maletas y poner rumbo al extranjero en busca de un futuro mejor. Un futuro mejor que no siempre se encuentra, porque ese deseo de huir de la precariedad y sobre todo de ser independientes, unido a los mensajes que animan a la juventud a marcharse, conforman un cóctel que, en demasiadas ocasiones, esconde "un lado oscuro" marcado por las dificultades y la pérdida de derechos. Así lo advirtió ayer el Consejo vasco de la Juventud (EGK), que ha analizado esa "cara invisible" de la emergente emigración de jóvenes al extranjero a través del informe SOS Gazte. Emigración que se concentra, sobre todo, en la Unión Europea, pero que también es habitual hacia Latinoamérica, Estados Unidos o Asia.

No existen datos fiables al respecto, porque las distintas estadísticas arrojan cifras contradictorias, pero desde que estalló la crisis el número de jóvenes vascos que sale al extranjero en busca de empleo ha aumentado de forma muy importante. Según el Instituto vasco de Estadística (Eustat), frente a los 96 jóvenes de entre 18 y 34 años que abandonaron Euskadi en el año 2000, en el pasado 2012 tomaron el mismo camino un total de 1.643, lo que supone que la emigración juvenil se ha multiplicado por 17 en doce años. EGK, no obstante, cree que estas cifras pueden ser todavía mayores, dado que las estadísticas se basan en los movimientos del padrón y muchos jóvenes prefieren no darse de baja porque quieren regresar y si realizan ese trámite pueden perder varios derechos y oportunidades aquí.

Los problemas, en este sentido, pueden surgirles a los jóvenes emigrantes tanto en los países de destino como en su propia casa. La precariedad laboral a la que se les condena a menudo aquí "sólo se prolonga y se traslada de lugar" cuando viajan al extranjero, al encontrarse puestos de trabajo inestables y mal pagados, junto con la dificultad para acceder a una vivienda digna. "En el peor de los casos hay jóvenes que han ahorrado para poder marcharse y, una vez en su destino, han agotado sus ahorros por no encontrar la oportunidad que habían ido a buscar", advirtió ayer en Gasteiz la presidenta de EGK, Itsaso Andueza.

Claro que, además, muchos de esos jóvenes que se marchan fuera pierden la antigüedad en el padrón de su localidad de origen y, en consecuencia, son despojados también de sus derechos en materia de acceso a prestaciones públicas o VPO en Euskadi, lo mismo que en lo referido a la cotización a la Seguridad Social o al ejercicio del voto. No hay que olvidar, también, que en cuanto un joven notifica que se marcha del país para buscar empleo en el extranjero deja de cobrar al instante la prestación por desempleo, "en muchos casos el único recurso del que disponían para salir a buscarse la vida".

En su estudio, cuyas conclusiones EGK ha extraído de la web participativa www.sosgazteak.org, de un encuentro abierto a jóvenes que se celebró en Bilbao o de varias entrevistas a jóvenes emigrados, la organización también alerta sobre otras muchas "sombras" que esconde este fenómeno, tal y como las calificó Fabio González, uno de sus integrantes. Éstos son, entre otros, problemas legales y burocráticos como las deportaciones, consecuencias sociales a nivel familiar y afectivo u otros efectos perjudiciales como la no convalidación de estudios o la falta de reconocimiento de trabajos.

Planes de empleo EGK, que ya ha trasladado estas inquietudes a las instituciones, exigió que se pongan en marcha planes de empleo "que impulsen trabajos dignos" para la juventud, que vayan más allá de promocionar medidas laborales "que perjudican aún más" a esta generación, como la contratación "a base de prácticas mal pagadas y becas sin continuidad laboral", según denunció Xabier Lasa, vicepresidente del colectivo. Además, EGK cree vital "ofrecer información real" sobre la emigración juvenil "frente a los mensajes engañosos que invitan a los jóvenes a irse fuera como solución mágica y feliz a los serios problemas laborales que sufrimos aquí".

EGK solicitó también a la Administración que facilite la homologación de estudios y la regulación de trámites, que adopte medidas para evitar que quienes se marchen no pierdan derechos en Euskadi o que preste la atención adecuada a las personas retornadas.