¡Que aborten la reforma!

Ruiz-Gallardón la ha llamado Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer. Por ese orden. Una reforma, según el ministro de Justicia, que trata de "proteger a los más débiles, los concebidos y los no nacidos, pero siempre en interés de la mujer". ¿De cuál? Desde la aprobación del anteproyecto este viernes, miles de féminas han entrado en las redes sociales y se han echado a la calle para protestar por una decisión que hace retroceder a España treinta años en el tiempo. Entre ellas, las que ayer tiñeron de morado el centro de Vitoria, en una kalejira desde la Virgen Blanca hasta la sede gasteiztarra del PP. Interrumpir el embarazo va a dejar de ser un derecho para todas ellas en las primeras catorce semanas y se considerará un delito despenalizado en menos supuestos que ahora. Sólo se permitirá si hay violación o grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la demandante, en caso de malformación fetal la mujer deberá demostrar que esta circunstancia le supone un trastorno mental y los médicos serán los que tengan que decidir si el riesgo realmente existe.

Decenas de vitorianas contrarias a la reforma impulsada por el PP defendieron a pie de calle el mantenimiento de la actual legislación porque "respeta a las mujeres, funciona y hace la práctica del aborto más segura y equitativa". A su juicio, la nueva normativa amenaza con hacer más difícil la interrupción del embarazo -el 90% tiene lugar antes de la semana decimocuarta- y obligará a las afectadas a recurrir a prácticas clandestinas. Las manifestantes visibilizaron su rechazo tras una gran pancarta que rezaba "Abortatzeko eskubidea" y muchas de ellas condimentaron la protesta con carteles de contundentes lemas. "Mi útero es mío, ni de la Iglesia ni del Estado", "Ninguna ley podrá escoger por una mujer, ni Fachardón ni Dios", "Gure Gorputza, gure erabakia"... Distintas consignas que resumen una misma demanda: el derecho a decidir.

Su postura es también la de todos los grupos políticos en Euskadi, a excepción del PP, claro está. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, denunció ayer "la regresión" que en su opinión supone la reforma. Una iniciativa que, para colmo, transmite la impresión de que "se impone la moral de una minoría" al conjunto de la sociedad. A juicio del nacionalista, lo que consigue el Ejecutivo de Mariano Rajoy "con ese paternalismo que le acompaña en sus actuaciones" es que la mujer, en vez de ser acreedora de derechos, sea situada como víctima. "Estaba perfectamente regulada la cuestión, trabajábamos en la línea correcta y ahora se da como mínimo una vuelta al año 1985", lamentó. EH Bildu comparte la misma impresión. "Se está ante un gobierno que nos lleva al pasado en temas de derechos laborales y sociales y que cumple con los cánones de la derecha más rancia", criticó el abertzale Dani Maeztu, quien está seguro de que "se volverá a épocas pasadas en las que se practicaban abortos clandestinos". Por eso, la coalición hizo un llamamiento a la desobediencia al Gobierno Vasco y de Navarra.

Una promesa electoral El secretario general del PSE, Txarli Prieto, se sumó a la indignación. "Volvemos hacia atrás desde perspectivas reaccionarias que tienen que ver con todo un ramillete de atentados y recortes a las libertades. Este gobierno en vez de evolucionar vuelve a la España cañí", reprochó. Las trincheras de izquierdas echan humo. Ezker Anitza-IU tiene claro que el Ejecutivo de Rajoy ha retomado la "doctrina falangista donde se promovía la maternidad como único valor importante de las mujeres". Desde las filas del PP, la parlamentaria Nerea Llanos defendió a los suyos asegurando que "el derecho al aborto no existe" en ningún tratado internacional y recordó que este proyecto era una promesa electoral de su partido. Probablemente, una de las pocas que ha cumplido.