Gasteiz. Lejos de aclarar las cosas, la esperada sesión de ayer de la comisión de investigación del alquiler de la calle San Antonio sólo aportó una nueva sucesión de detalles sobre aquella controvertida operación, de entre los cuales separar el polvo de la paja se hace tremendamente complicado. Ayer declaraban el actual alcalde y concejal de Hacienda con Alfonso Alonso, Javier Maroto; y quien sucedió al ahora portavoz del PP en el Congreso, el socialista Patxi Lazcoz.

Tanto los declarantes como sus grupos políticos invirtieron muchos minutos en atacarse políticamente, polemizando sobre cuándo había que haber cogido el toro por los cuernos y sentarse a renegociar con Gonzalo Antón -Maroto acaba de cerrar un acuerdo que rebaja los 6,6 millones de euros que les cuesta el alquiler a los vitorianos en 2,5 millones- y el fondo y la causa del problema quedaron, por tanto, un tanto desdibujados.

Tanto que PSE y EH Bildu pidieron que vuelvan a comparecer el letrado mayor del Ayuntamiento y quien fuera director de Hacienda del Consistorio en 2007, cuando se firmó el contrato, y recientemente nombrado gerente de la sociedad municipal Ensanche 21.

Su papel es clave en toda esta historia. Él fue quien asumió ante los grupos la negociación y la autoría del contestado contrato, que blindaba el alquiler en favor de Antón, y descargó por tanto de responsabilidad a Alfonso Alonso, que según Maroto encargó a este técnico hacer "la propuesta más razonable posible" y luego se limitó a darle el visto bueno. El entonces responsable de los dineros municipales y actual primer edil parece ser que siguió el tema de forma tangencial, según lo declarado ayer por él mismo -"principalmente se informaba al alcalde"- y por el propio exdirector de Hacienda, quien dijo en su día que Maroto no mostró mucho interés por este asunto.

Por otro lado, al poco de constatar que la Junta de Gobierno Local, el consejo de ministros de la ciudad, había aprobado un blindaje del contrato por diez años y que el documento firmado tres días después por Gonzalo Antón y Alfonso Alonso duplicaba ese blindaje -cláusula que le daba a Antón, de entrada, la máxima indemnización que podía haber obtenido en un juzgado- el interventor municipal avisó al entonces director de Hacienda de lo irregular de la situación. Sin embargo, éste no trasladó el mensaje al nuevo gobierno de Patxi Lazcoz, que no se enteró de la situación hasta pasados dos años, cuando nombró a un nuevo responsable técnico de Hacienda. El nuevo director recibió otro toque del interventor y avisó raudo a sus superiores políticos.

Entonces Patxi Lazcoz llama a capítulo al por entonces líder de la oposición del PP, Javier Maroto, y le informa de la divergencia entre lo aprobado en la Junta de Gobierno Local y lo firmado por Alonso y Antón. Maroto llama inmediatamente al empresario, se reúne con él, y éste le facilita los correos electrónicos cruzados entre los técnicos municipales y sus empleados, donde se constata que en su momento el Ayuntamiento propuso blindar el contrato por veinte años, y no por diez, y que así lo acordaron las partes. ¿Qué paso entonces? Que una funcionaria llevó a la Junta de Gobierno Local un borrador previo que hablaba de diez años y no de veinte. Fue simplemente un error que ella misma admitió, que ha generado toda esta confusión actual y que ha derivado en la creación de la comisión de investigación. "Bendito error", según el concejal del PNV Borja Belandia, pues le ha permitido al Ayuntamiento ahorrarse 2,5 millones de euros de esos 6,6 que, con diez o veinte años de blindaje, le tocaba pagar a la ciudad.

La presunta labor de ocultación por parte del director de Hacienda de Alonso explicaría que Lazcoz no se enterara hasta pasados dos años de la divergencia entre lo aprobado en sede municipal y lo firmado posteriormente, y explicaría a su vez que Maroto no supiera nada del tema hasta que no le informó el propio Lazcoz, pese a que él como concejal de Hacienda firmó el documento erróneo fiándose de sus técnicos. De esa forma, es imposible que la Junta de Gobierno Local de Alfonso Alonso corrigiera un acuerdo erróneo, como debiera haber hecho y como sucede con cierta frecuencia en todos los ayuntamientos, porque desconocía que existiera tal error.

Veinte días después Todo ello es así salvo por un detalle. El 28 de febrero de 2007, menos de veinte días después de que se aprobara el acuerdo, el entonces portavoz de EA y hoy edil de EH Bildu Antxon Belakortu levantó la liebre, y lo hizo en una comisión, delante del gobierno, de la oposición y de los medios. Por lo tanto, no sólo Maroto, todos los presentes supieron, si escucharon, que lo aprobado y lo firmado no coincidían, pero no se hizo nada al respecto. Maroto dijo ayer no recordar que se le informara del tema, no fue "consciente" del error hasta que se reunió con Lazcoz, pero es que el propio gobierno socialista también fue advertido en ese mismo 2007, dos años antes de que la alarma del interventor lograra llegar al gobierno municipal. El 27 de septiembre, Belakortu se dirigió a la concejala de Hacienda, Marian Gutiérrez, para explicarle que Alonso había firmado otra cosa distinta a la aprobada en la Junta de Gobierno Local. Por otro lado, ayer Lazcoz admitió que tomó la "decisión política" de no renegociar con Antón para subsanar el error cometido por su antecesor y rival, una vez comprobó que no tenía nada que hacer en los tribunales.

Al margen de cómo se hicieron las cosas resta conocer el por qué. Según Maroto, que ayer rechazó que el contrato haya perjudicado al interés general, pese a haberlo renegociado él mismo, los técnicos recomendaron al alcalde Alonso cambiar de ubicación la oficina de turismo, entonces en Becerro de Bengoa y que le salía al Consistorio a 25 euros el metro cuadrado, porque era muy cara y porque el contrato había caducado hacía pocos meses. Se fijan en el local de San Antonio y se establece un alquiler de 14 euros el metro, por debajo de los 25 de la oficina que se iba a abandonar -y por encima de los 11 que decretó la tasación técnica-. De nuevo, el director de Hacienda tomó las decisiones y fijó los precios, y según dijo en la comisión hace una semanas, logró cerrar un buen acuerdo para el Consistorio.

Según Lazcoz, que en su mandato llevó la oficina de turismo a los bajos del Ayuntamiento para no pagar ningún tipo de alquiler, "siempre quedó claro que la otra parte -Antón- tenía la sartén por el mango". Además, el expediente relativo a la operación "tenía la información justa y necesaria para que no pareciese ilegal", información que no se amplió hasta que citó a Maroto en su despacho. Hasta entonces, en 2010, no se le ocurrió pensar en "un complot en el que participan políticos y técnicos".

Por otra parte, a día de hoy todavía no se ha incorporado un anexo al expediente municipal sobre este alquiler que corrija el acuerdo erróneo de 2007, un paso innecesario, según Maroto, porque los correos electrónicos demuestran que la intención inicial de las partes era blindarle el alquiler a Antón por dos décadas.