gasteiz. El letrado mayor del Ayuntamiento vitoriano declaró ayer ante la comisión de investigación del alquiler de los locales de San Antonio que el equipo de gobierno que dirigía Alfonso Alonso en 2007 no estaba obligado legalmente a incluir una cláusula de penalización, pese a lo cual se fijó una por diez años, posteriormente duplicada. El jefe de los servicios jurídicos aseguró que la introducción de ese blindaje dejó al Consistorio en una situación de debilidad ante el propietario de la lonja, Gonzalo Antón.

Para romper unilateralmente el contrato, la administración debía abonar todas las mensualidades pendientes, y como confirmó el propio letrado mayor, en los tribunales el Consistorio habría tenido todas las de perder y con toda probabilidad habría tenido que hacer frente a unas costas millonarias.

El letrado definió como habitual, por otro lado, que estos contratos incluyan el pago de las obras de acondicionamiento del local en las mensualidades, y explicó que en Vitoria los alquileres municipales siempre se han suscrito por contratación directa, y no por concurso.

ningún ilícito "penal" El máximo responsable jurídico del Ayuntamiento, por otro lado, señaló que en su día el sucesor de Alonso, Patxi Lazcoz, le pidió su opinión sobre la extensión de diez a veinte años del contrato del alquiler al margen de la Junta de Gobierno Local, y el letrado sentenció que era irregular y podía haber supuesto la nulidad del mismo. A la vista de los correos electrónicos que cruzaron los funcionarios y los abogados de Gonzalo Antón, que achacan la modificación a un error -el PP defiende que desde un principio el trato era por veinte años-, su diagnóstico habría sido hoy distinto, señaló. Por último, el letrado mayor aseguró que Alonso no cometió ningún ilícito "penal" en esta contratación.

También declaró ayer el interventor que entró en el Ayuntamiento con Lazcoz, quien aseguró que al conocer la operación pidió explicaciones al director de Hacienda sobre la extensión del contrato de diez a veinte años, sin obtener respuesta.

Por otro lado, ni el exalcalde Alonso ni Gonzalo Antón han respondido a las invitaciones a declarar ante la comisión, por lo que se les remitirá una nueva carta. La próxima sesión, en la que ya no declararán funcionarios, se celebrará a puerta abierta.