vitoria. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Vitoria realizará una contratación directa para cubrir los puestos de la campaña de verano de Mendizorroza y Gamarra en vez de recurrir a su bolsa de trabajo temporal. Y, también en esta ocasión, lo hará con criterios sociales, delimitando el perfil a personas de entre 18 y 30 años y a mayores de 50 que se encuentren en paro. Una decisión con la que espera dar respuesta a 101 personas, frente a las 42 de 2011. Fue una de las novedades presentadas ayer en la comisión del departamento de Empleo, a propósito de las partidas del acuerdo PP-PNV para impulsar el trabajo y la actividad económica en la ciudad.
Las labores de control integral deberán ser cubiertas por jóvenes de entre 18 y 30 años, con una antigüedad mínima de inscripción de seis meses en Lanbide. Y para la limpieza de las instalaciones, se delimitará la contratación a mayores de 50 años, con una antigüedad de al menos tres meses en el Servicio de Empleo.
Estos 110 puestos se incluyen dentro de los 390 que este departamento prevé crear. Los otros 289 corresponden a un nuevo plan al que se destinarán 1,8 millones de euros a través de 24 proyectos. Sus destinatarios deberán ser demandantes de empleo de Lanbide: al menos un 50% receptores de la RGI y el otro 50%, ciudadanos de colectivos sensibles.
Frente al optimismo del gobierno, resaltaron las reticencias de los grupos ajenos al acuerdo. El PSE advirtió de que las partidas de Empleo suben "sólo" un 30% respecto al año pasado cuando ya hay 21.286 desempleados y, de éstos, el 57% no cobra ninguna prestación. Bildu, por su parte, criticó al PP y PNV por "validar lo que en 2011 ya era un bodrio" y lamentó la desaparición de ciertos consorcios y planes formativos.
Respecto a Función Pública, el PP anunció el mantenimiento de la plantilla presupuestaria y la incorporación de cinco contratos de programa a puestos interinos. PSE y Bildu reprocharon, no obstante, la reducción de sustituciones, el aumento del 64% en dietas y la "cabezonería" del gobierno al no parar el plan de racionalización de atención ciudadana.