Cuando toca sanear cuentas, la tijera suele apuntar primero a los trabajadores más débiles. Da igual que la empresa sea privada que pública. En el Ayuntamiento de Vitoria, el hacer más con menos del gabinete Maroto ha mermado las condiciones de los funcionarios, mandado a la calle a decenas de eventuales, rescindido parte del servicio de atención a la ciudadanía y puesto en el disparadero a más de 350 personas con contratos de obra. Al primer edil le espera una Navidad calentita, de lucha y reivindicación, mientras el discurso de la ciudadanía empieza a cambiar. Aquella visión del funcionario privilegiado dentro de una estructura sobredimensionada empieza a perder peso frente a la sensación de que sí hay dinero para dietas, asesores y grandes proyectos personalistas. Por eso, los trabajadores del Consistorio desean que Olentzero traiga al alcalde "empatía y cordura, reflexión y ganas de escuchar" para garantizar unos servicios de calidad y el mantenimiento del empleo público.
Son muchos los frentes que Javier Maroto tiene abiertos. El de los trabajadores -casi todos trabajadoras- del servicio de atención a la ciudadanía se hace oír todos los días en la calle, desde que hace casi un mes se declararon en huelga. El alcalde quiere acabar parcialmente con este recurso, subcontratado a través de la empresa SIC, cubriendo los veinte puestos de las ventanillas de los centros cívicos con conserjes y oficiales de control. Según el PP, esta fórmula es la mejor para la ciudadanía, porque "permitirá ampliar el horario y dará a estos funcionarios una oportunidad única de promoción interna". El comité de empresa del Ayuntamiento, sin embargo, cree que la calidad de la asistencia se resistirá porque esos empleados municipales "tendrán que asumir una doble e incluso triple carga de trabajo". Además, acusa al primer edil de recurrir al divide y vencerás, "malmetiendo, enfrentando a los funcionarios con los subcontratados, creando un clima laboral que es cada vez peor".
Aún no se ha concretado qué ahorro se conseguiría con esta fórmula. El gabinete Maroto sólo aseguró que los complementos destinados a estos oficiales de control ofrecen un resultado contable mejor que mantener la subcontrata, mientras que quienes llevan dos décadas poniendo voz y rostro al servicio de atención a la ciudadanía sostienen que este recurso "siempre ha sido rentable y no tiene por qué dejar de serlo ahora". Ixone Iriarte, portavoz de estos trabajadores, reconoce que ella y sus compañeros llegan a las navidades "agotados, con el ánimo tocado, al igual que el bolsillo, sin ver predisposición a reflexionar por parte del gobierno". El PP sigue sin atender las peticiones de los grupos de la oposición ni de este colectivo de paralizar el bautizado como plan de racionalización de recursos humanos para tratar de alcanzar un acuerdo. "Lo único que pedimos es llegar a un punto intermedio", sostiene esta profesional.
Si Maroto quiere ampliar el horario del servicio de atención a la ciudadanía, "nosotros podemos hacer más horas". No es gente a la que se le caiga los anillos. Estos trabajadores cobran 1.000 euros al mes. Bueno, cobraban hasta que empezaron la huelga. Ahora reciben 600, gracias a la caja de resistencia de sus sindicatos. "Es una medida paliativa, pero ahora con la Navidad... Qué vamos a contar que la gente no sepa. Es época de cenas, de regalos, de juntarse con la familia y disfrutar... Pero evidentemente no estamos con la mejor disposición para celebrar las fiestas". En primavera, si no se produce un giro inesperado de los hechos, llegará la cola del paro para buena parte de ellos. Por eso, Iriarte apela a la reflexión. "El gobierno está haciendo todo esto de una forma precipitada, no teniendo en cuenta nada más que su voz, cuando es posible intentar llegar a un acuerdo", insiste.
Quienes se comerán las uvas como desempleados son los 25 trabajadores de contratos de programa que el gabinete Maroto decidió extinguir recientemente. Además, el comité de empresa se teme que al menos el 90% de los otros 345 terminen de aquí a diciembre de 2011, tengan puesta fecha de revisión o de finalización. "Sabemos por los comentarios que se hacen dentro de los departamentos que va a ser así, excepto por alguno suelto que queda para 2014. Y es muy preocupante, porque estos son contratos estructurales, no coyunturales, de uno, dos, tres y hasta 18 años. Es el caso, por ejemplo, de la limpieza de centros públicos. ¿Acaso es algo que debe terminar en algún momento?", ejemplifican los representantes de los trabajadores, conocedores del razonamiento esgrimido por el gabinete Maroto. Según el PP, estos contratos se hacen para tareas y proyectos con un determinado periodo de duración, por lo que si se extinguen hay que suponer que es porque esas labores concluyeron.
"No es cierto. Pero lo que sí es verdad es que están perjudicando la calidad del servicio dado, porque ahora el citado personal de limpieza de centros educativos no llega a todo. Se les está diciendo incluso que empiecen limpiando los baños, si no da tiempo a más". Es uno de los ejemplos con los que el comité de trabajadores del Consistorio intenta hacer entender a los ciudadanos que los recortes en la plantilla municipal "afectan a todo el mundo, no sólo a los funcionarios". A su juicio, la plantilla que ha tenido hasta ahora el Ayuntamiento "es la que se necesitaba para seguir ofreciendo los servicios al mismo nivel que antes", por lo que auguran un futuro negro. "Si sólo hay que verlo en el tema de las piscinas, que han bajado un grado para ahorrar". No obstante, la repercusión en la calidad de la atención prestada es sólo uno de los problemas. Más trabajadores en la calle, como los de los contratos de programa, supone más desempleo en una ciudad con 20.000 parados, menos consumo, más crisis.
"El alcalde debe parar esta sangría y reflexionar", afirman los representantes sindicales de los funcionarios, quienes también mantienen activa su guerra por la suspensión de la paga extra de Navidad. El alcalde les ha dado la posibilidad de adelantar la de junio, gesto que "es un paripé, porque siempre se ha podido". El comité tiene claro que, si quisiera, el Ayuntamiento podría recortar de "muchas otras partes". Por ejemplo, aparcando proyectos partidistas al estilo del Anillo Verde Interior, cuyas siguientes fases "dudamos que vengan cofinanciadas por otras instituciones". Los sindicatos también consideran que podrían dejarse en stand-by grandes obras como las de los centros cívicos. "Puede que los vecinos los esperen con ganas, pero es más importante que los actuales servicios públicos sigan siendo modélicos, ofreciéndose con calidad", afirman. Tampoco se olvidan del entramado de asesores, gente de partido fichada por los grupos políticos y pagada con el dinero de todos los contribuyentes. Al gabinete Maroto le faltan dedos de las manos para enumerar los suyos.
