Vitoria. A raíz de la polémica suscitada por el sobrecoste de las VPO de Arkaiate, el Gobierno municipal negó rotundamente que haya existido falsedad documental en los escritos que se han presentado para fijar los precios de estos pisos, tal y como denuncian los vecinos. Asegura que se ha actuado "escrupulosamente", salvo en el caso de las parcelas adjudicadas a Montenegro, en la que reconoce que se cometió un error de notificación por lo que reclamará a la constructora que devuelva el dinero a los afectados.

Así lo anunció ayer la consejera de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, quien explicó sin embargo que no todos los casos denunciados se encuentran en la misma situación. Sobre las 188 viviendas adjudicadas a la empresa Lagunketa, en las que también se aplicó el precio de 2008 en lugar de 2007 como establecía el pliego de condiciones, señaló que se actuó conforme a la legalidad en función de un acuerdo al que llegó el Consejo de Ensanche 21 en abril de 2008.

Por su parte, el PNV volvió a arremeter contra Ensanche 21 por considerar que la sociedad urbanística municipal ha actuado con "arbitrariedad" al determinar los precios de las viviendas de protección oficial de Arkaiate. A juicio de su portavoz, Gorka Urtaran, esta situación está dando lugar a "numerosas quejas y denuncias de irregularidades" que pueden acabar repercutiendo en las arcas municipales.

En concreto, Urtaran explicó ayer que si bien las promociones de VPO de Arakaiate tendrían que haber ajustado sus precios de venta al acuerdo de Ensanche 21 de 2008, los hechos parecen indiciar que el criterio aplicado es el del precio vigente en el momento de escriturar la venta de la parcela.