Vitoria. "¿Dónde debe construirse la nueva estación de autobuses?". Ésa es la pregunta, pero la respuesta, de momento, tendrá que esperar. La futura consulta sobre la ubicación de la terminal sigue en el aire después de que ayer Bildu, PSE y PNV no lograran llegar a un acuerdo sobre la fecha en la que serán llamados a las urnas los vitorianos para que puedan dar su opinión sobre una infraestructura que lleva ya demasiados años de retraso.
Del encuentro de la junta de portavoces se esperaba resolver dos de las principales incógnitas: cuándo y cómo se celebraría el referéndum. Pero nada más lejos de la realidad. El Gobierno municipal observó, probablemente con cierto agrado, cómo los grupos de la oposición no fueron capaces de alcanzar un acuerdo sobre la fecha de la consulta, al tiempo que aprovecharon la reunión para volver a dirigirse fuertes acusaciones. Dentro de la agenda del día estaba someter a votación una propuesta de Bildu, que planteaba dos opciones: el 14 o el 21 de julio.
Sin embargo, tanto PSE como PNV creen que un mes es un plazo demasiado ajustado para convocar a los ciudadanos. Desde el Grupo nacionalista, Gorka Urtaran expresó sus dudas de que en julio pueda celebrarse un referéndum en "óptimas condiciones" y pidió que se explore la posibilidad de hacerlo coincidir con las elecciones autonómicas. "Así se conseguiría ahorrar gastos, una mayor participación y dar tiempo a la ciudadanía para que tenga información suficiente", aseguró.
Los socialistas, por su parte, apuestan por el mes septiembre, dentro del plazo de los cuatro meses establecido por el Pleno del Ayuntamiento. Su portavoz, Patxi Lazcoz, presentó incluso un informe de la Secretaría General para desmontar los argumentos de Bildu para hacer la consulta en julio, ya que a juicio de la formación abertzale, esta fecha evitaría incompatibilidades con un hipotético adelanto electoral de los comicios autonómicos. "En el fondo, aquéllos que habían llegado a un acuerdo para hacer la estación en la plaza de Euskaltzaindia no quieren la consulta", afirmó.
Por su parte, Bildu recordó que retrasar la consulta podría suponer la pérdida de cuatro millones de euros de la financiación comprometida. De ahí que el concejal Kike Fernández de Pinedo hiciera "un llamamiento a la responsabilidad y la coherencia de PNV y PSE" para que el referéndum sea una realidad de acuerdo a los términos aprobados en el Pleno extraordinario del lunes.
En el Ayuntamiento, por lo tanto, continúa el espectáculo en torno a la estación. A pesar de que la reunión sólo duró media hora, la tensión se hizo palpable en el ambiente, como cuando el portavoz socialista advirtió a Maroto de que le llevará a los tribunales si decide pasar a los concejales de los grupos la factura del coste de celebrar esta consulta.