Vitoria. Con 109 medidas, basadas en las nuevas tecnologías y los cruces de datos entre instituciones, sin olvidar las inspecciones ordinarias, el equipo de gobierno está dispuesto a perseguir la evasión del pago de impuestos y recaudar 6,5 millones de euros más. El concejal responsable de Hacienda, Manu Uriarte, presentó ayer a los grupos políticos el plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal, plenamente convencido de las bondades de esta estrategia. Y la oposición supo agradecer la acción del gabinete Maroto, aunque mostraron algunas reticencias. El PNV, el PSE y Bildu coincidieron en que hay "algunas lagunas" que pueden restar eficacia al nuevo plan.
El concejal jeltzale Borja Belandia echó de menos la falta de referencias a "lo que no está en el circuito, como el contribuyente que realiza una reforma sin declarar nada", y también consideró necesario reforzar o modificar la estructura organizativa de los actuales recursos humanos. En la misma línea, la edil socialista Marian Gutiérrez mostró su preocupación por la sobrecarga de trabajo que puede conllevar el plan, más aún teniendo en cuenta que el 67% de esas 109 medidas se pondrá en marcha este mismo año. "Y de eso no se ha dicho nada", lamentó la concejal, quien también solicitó una revisión exhaustiva de las exenciones que disfrutan algunas instituciones en el pago de sus impuestos, como la Iglesia, un régimen sancionador y un seguimiento del desarrollo del plan por parte de todos los grupos.
Más vehemente, el concejal de Bildu Antxon Belakortu aseguró que como plan de gestión "se nos cae la baba", pero no ve una lucha efectiva contra el fraude fiscal. Además, criticó que es "más laxo con los poderosos y más fuerte con los débiles", una actitud "habitual" en el PP. Uriarte negó la acusación, tomó el guante ante las peticiones de mejora del plan y aseguró que la automatización de muchos procesos reducirá la carga de trabajo de los funcionarios, lo que hará más fácil su nueva labor.
