vitoria. La venta de casi 3.000 viviendas de protección oficial -1.563 de ellas ubicadas en Vitoria- por parte del Gobierno Vasco a un inversor privado dividió ayer a la Corporación gasteiztarra. PNV y Bildu, por un lado, cargaron contra lo que consideraron una privatización de la VPO ya que, tras abonar 322 millones, el ejecutivo de Patxi López pretende pagar 430 millones a lo largo de veinte años al promotor en concepto de alquiler por esas mismas casas. PSE y PP, por otro, defendieron esta operación ya que asegura que estas casas, que podían haber sido vendidas a los 15 años, seguirán siendo de alquiler durante dos décadas más.
El grupo municipal del PNV planteó ayer este debate en el Pleno del Ayuntamiento. Su portavoz, Gorka Urtaran, pidió que se paralice esta operación, aunque el Gobierno Vasco ya haya iniciado el procedimiento negociado para encontrar a ese inversor. El concejal consideró que esta operación es dudosa desde el punto de vista político, económico e incluso legal. Desde el Departamento vasco de Vivienda, mientras, ya aseguraron que la medida ha recibido hasta tres informes que avalan su legalidad. Bildu también cuestionó esta operación por considerar que beneficia a un interés privado.
Los grupos de PSE y PP, sin embargo, unieron sus fuerzas para impedir que esta moción prosperase. Socialistas y populares coincidieron al valorar que esta media asegura la continuidad de las casas en alquiler cuando más se necesita.
