vitoria. Corren tiempos convulsos para las arcas municipales. Su principal fuente de ingresos, el fondo de financiación de la Diputación, flaquea desde hace ya varios años. Pero las necesidades de los ciudadanos se mantienen e incluso crecen. Y tienen que saciarse. ¿Cómo? Para algunos partidos, subir la presión fiscal es la única opción razonable. Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno cree que es posible gestionar de otra forma los recursos existentes sin exigir exfuerzos adicionales a los gasteiztarras. Por eso, va a proponer al resto de grupos políticos la congelación de todos los impuestos y de todas las tasas. Eso sí, con las excepciones de la OTA y el agua -sus subidas fueron pactadas en la anterior legislatura para cumplir el Plan de Movilidad y una directiva europea- y puede que también de la recogida de basuras.

Los técnicos municipales ultimaban ayer el borrador de ordenanzas fiscales para su aprobación el lunes en la Junta de Gobierno. Y aunque el alcalde quiso adelantar algunos detalles ya que ese día estará en Sao Paulo, no pudo asegurar al cien por cien si la tasa de basuras sufrirá una subida. Ganas, en cualquier caso, no faltan. Ahora, los vitorianos abonan menos de la mitad de lo que cuesta el servicio de recogida de residuos, con un canon muy inferior al de las ciudades vecinas pese a contar con un sistema referente en toda Europa. "Y creo que si queremos seguir presumiendo de un nivel de calidad excelente, hay que reducir ese gran desequilibrio", subrayó Maroto. Su propuesta pasa por aplicar un incremento "que en ningún caso alcanzaría el coste real del servicio" con un cambio total del modelo actual de pago: vinculándola a la tasa del agua.

La iniciativa excluye a los comercios y establecimientos de hostelería, por aquello de ayudarlos a capear el temporal. Y en el caso de los hogares, lo que plantea es aplicar "un canon fijo de recogida de basuras y otro variable en función del consumo de agua registrado". Nada tiene que ver este modelo con el actual: ahora se paga en función de la superficie de la vivienda -43,16 euros en casas de hasta 120 metros- sin tener en cuenta otros parámetros de sostenibilidad. En cualquier caso, ya hay ayuntamientos en el Estado que optan por esta fórmula, como Barcelona.

Los vecinos de la Ciudad Condal no pagan la recogida de basuras en sus viviendas, pero sí por el tratamiento de residuos. La tasa se aplica al recibo del agua, un porcentaje que suele situarse entre el 20% y el 25% del coste y que se calcula en función del consumo que se haga, el número de personas que viven en el domicilio y su valor catastral. Además, las familias numerosas o de ingresos reducidos reciben bonificaciones. En el caso de que el gabinete Maroto siga adelante con su idea, el lunes se conocerán los detalles del plan: cuál será la diferencia entre la factura actual y la que conllevará el combi, cuánto crecerá el coste del servicio asumido por los ciudadanos y qué rebajas se incluirán para los hogares más multitudinarios o con escasos recursos.

También la próxima semana saldrán a la luz las intenciones del equipo de gobierno respecto a la tercera pata de las ordenanzas fiscales: los precios públicos. El alcalde no adelantó ayer las líneas generales que se barajan en el borrador, aunque hace unas semanas el concejal de Hacienda reconoció que había que revisarlos, algunos al alza y otros a la baja, para adaptarlos a la realidad actual.

Tras la Junta de Gobierno, se convocará una Comisión e Hacienda para presentar el borrador a los grupos de la oposición. Maroto admitió que en estas semanas ha mantenido contactos con todas las formaciones pero, a priori, no ha alcanzado acuerdos con ninguno. Así que el proyecto se pergeñará una vez que los grupos presenten sus enmiendas y sean discutidas. El PP no tiene mayoría absoluta, por lo que deberá ser flexible. "Va a ser un debate interesante porque al no haber pacto previo los grupos trabajarán con ganas porque saben que habrá que estudiar todas las propuestas", subrayó el alcalde. Por ahora, el PNV se ha postulado a favor del IPC, el PSE sigue apostando por incrementos moderados y Bildu insiste en la progresividad fiscal.