Vitoria. La vía pública no es un concesionario. Con ese punto de partida arrancaron en el Ayuntamiento de Vitoria durante la pasada legislatura los ansiados trabajos para preparar una ordenanza municipal que pusiera los puntos sobre las íes en la venta de coches en la calle. Y el resultado fue un borrador en el que, entre otras cuestiones, el Consistorio apuesta por regular esta práctica solicitando a los interesados que tramiten un permiso, que después debería lucir el vehículo al estilo de la pegatina de la ITV o la tarjeta de residente de la OTA. Ahora es el nuevo gabinete el que debe decidir si inicia la tramitación de este sistema, introduce cambios o busca una fórmula diferente.

Las claves de la propuesta que dejó el anterior gabinete son que la licencia tendrá un precio simbólico -desde el PSE hablan de, por ejemplo, un euro-, que durará tres meses y que sólo se concede una autorización por propietario. En caso de que se incumplan estas condiciones, se contemplan multas -de entre 750 y 3.000 euros- o la posibilidad de que la grúa retire el vehículo. La Policía Local sería la encargada de la vigilancia.

La regulación de esta venta en la calle surge por las sospechas de que grupos organizados controlan estos coches, por la falta de garantías del comprador y por la proliferación de esta práctica en calles como bulevar de Euskal Herria, Jacinto Benavente o Zaramaga, donde se pierden zonas de aparcamiento. Pero el problema era regular esta situación sin perjudicar al particular que, simplemente, ponía en venta su viejo coche vistiéndolo con carteles y aparcándolo en la calle.

Los vecinos de la asociación Iparralde Zaramaga plantearon durante la pasada legislatura a los grupos municipales la posibilidad de regular esta compraventa que ha convertido la calle en un "mercado clandestino de vehículos". Y, para ello, pusieron sobre la mesa una propuesta. El colectivo elaboró un documento inspirado en normativas similares de zonas como Castellón, Canarias, Pamplona o Burgos. Y las claves eran que había que obtener un premiso municipal para anunciar la venta del coche en la vía pública, que se abonaría un precio simbólico y que el anunciante no podía tener más de dos vehículos domiciliados en el Ayuntamiento.

Presión vecinal La propuesta de Iparralde llegó a todos los partidos y, finalmente, hubo avances al final de la legislatura Lazcoz, que había prometido que en 2010 saldría a la luz la nueva ordenanza. Fue en abril de 2011 cuando el gabinete socialista ultimó el borrador. La exconcejala de Vía Pública, Marian Gutiérrez, explica que el trabajo no resultó sencillo: "Las áreas de Medio Ambiente, Vía Pública, Policía Local y Promoción Económica colaboraron en este documento, que exigía un complicado trabajo de estudio legal, de vigilar que la ordenanza no chocaba con otras similares. Además, se optó por crear una ordenanza ad hoc, en lugar de insertarla en las ya existentes".

El borrador confeccionado, al que ha tenido acceso este rotativo, pone orden en la venta de vehículos a título particular, aunque también recoge que los establecimientos de venta de coches deben concentrar su negocio en el interior del establecimiento. En cuanto a los anuncios en coches en la vía pública, requerirían de una autorización municipal. Ésta sólo podría obtenerse por vehículos que pesen 3.500 kilos o menos, que no estén de baja en el registro de vehículos de tráfico, que hayan superado la ITV y tengan el seguro en vigor.

En cuanto al propietario, sólo podría obtener una autorización, por un periodo de tres meses y, al tramitarla, debería presentar diversa documentación: el DNI, una copia del permiso de circulación... Y, además, abonar una tasa que se fijaría cada año en el debate de las ordenanzas fiscales. El precio sería simbólico: en torno a un euro.

El PSE ultimó este borrador, y ahora la pelota está sobre el tejado del PP. Desde el gabinete Maroto subrayan su voluntad de regular este tema, que vigilaron de cerca durante la pasada legislatura, pero aún se estudia cómo cerrarlo. Activar el borrador, según apuntan desde el grupo socialista, es ya sólo una cuestión de "voluntad". Durante esa tramitación podrían introducirse nuevos cambios. Pero, a falta de la decisión final, el tema de los coches de segunda mano vuelve a estar en la calle.