Vitoria. El interventor general detalló ayer ante los grupos municipales los resultados de su análisis sobre la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Vitoria. Sus conclusiones ya eran conocidas:el Consistorio ha incumplido las previsiones del primero de los cuatro años que dura este documento. Y de largo. Se calculaba que el desfase entre ingresos y gastos sería de 12,2 millones en negativo pero se llegó a los 47,4. La cifra deja dos interpretaciones destacadas:el PSE, por un lado, recordó que esos resultados no ponen en cuestión la solvencia de las arcas municipales;y el PP, por otro, reiteró que estos cálculos obligan a tomar medidas más drásticas para equilibrar las cifras. La cuestión está en cuáles son esas medidas.

El interventor general, Alfredo Barrio, confirmó que las arcas municipales son solventes, aunque, eso sí, matizó que en la actualidad no se cumple el plazo de pago a los proveedores en 50 días. El exalcalde PatxiLazcoz situó esos abonos entre 65 y 70. En cualquier caso, Barrio explicó que incumplir el plan de estabilidad entraba dentro de las previsiones de su primer año de vigencia, aunque insistió en que ese documento debe tomarse en serio. Porque, a la larga, podría provocar un problema financiero. Hay que reducir el gasto corriente -como el de Personal, servicios o contratos-, aumentar los ingresos corrientes -impuestos, tasas o precios públicos- o tomar una decisión a medio camino entre ambas. No hay más posibilidades. Y, si alguien las encuentra, mecería optar al “Nobel de Economía”. El interventor explicó que el gran problema del Consistorio es la imposibilidad de lograr ahorro neto. Porque ahora la diferencia entre ingresos y gastos corrientes es “calderilla”.

Lazcoz volvió a defender que resultados como los obtenidos durante el pasado ejercicio no responden a una mala gestión, sino que se deben a un problema estructural del Ayuntamiento. Por ello, y dado que el gabinete Maroto ya se ha comprometido a congelar impuestos, el portavoz socialista dedujo que al PP sólo le quedaría una opción:recortar plantilla y servicios.

El gabinete Maroto, mientras, reiteró que no pretende tirar únicamente de uno de los dos extremos de la cuerda. Pero, eso sí, insistió en que la situación requiere medidas más drásticas que las que en su día impulsó Lazcoz, que en opinión del PP “no hizo absolutamente nada”. Hasta ahora se ha hablado de repensar servicios, fijar prioridades o mejorar la gestión económica. Sea como fuera, el concejal de Hacienda, Manu Uriarte, afirmó que la clave es “volver a la senda de 2013”.

el plan Uriarte se refiere así a las previsiones marcadas en el plan de estabilidad. Este documento, exigido desde Europa y aprobado en marzo de 2010, incluye los ingresos y gastos del Consistorio hasta 2013. Para 2010, 2011 y 2012, ya se preveía un desfase, pero no del tamaño del detectado. Eso obliga a elaborar un nuevo plan de estabilidad, pero cuyo objetivo es el mismo que el original:que se llegue a 2013 sin desequilibrio. De lo contrario, el Ayuntamiento no podría endeudarse.

El PP destacó la relevancia de la situación -lo contrario, ironizó, sería tomarse la elaboración de un plan de estabilidad como un “hobby”-, mientras que el PSE insistió en que aún hay tiempo para cumplir las previsiones. Bildu, mientras, lamentó el derroche en gastos, el recurso a deuda y el uso de la venta de patrimonio del suelo sólo para cuadrar las Cuentas, mientras que el PNV mostró su preocupación por cómo puede afectar esta situación a los recursos humanos del Consistorio.

La nueva ponencia sobre fiscalidad será el foro adecuado para, por fin, debatir las posibles medidas a adoptar ante esta situación. Las reuniones ya tienen fecha de inicio: el 15 de septiembre.