vitoria. La asociación vecinal Salburua Bizirik exigió ayer al Ayuntamiento de Vitoria que modifique la normativa que regula las instalaciones radioeléctricas para que proteja de forma más eficiente la salud de los vecinos y no tanto al lucro de las empresas de telecomunicaciones. El colectivo denunció que, desde 2009, ha advertido de la existencia de una antena ilegal en la calle Cuenca del Deba, cerca de las nuevas escuelas infantiles del barrio, que aún no ha sido inutilizada o retirada. "El Ayuntamiento no prima el derecho de prevención de los ciudadanos", apuntaron desde la entidad.
El caso de Cuenca del Deba resulta, en opinión de Salburua Birizik, "chocante". El colectivo explicó, a través de un comunicado, que hace dos años avisó al Consistorio de la existencia de la antena, "encubierta en uno de los pabellones". En abril de 2010, el Ayuntamiento confirmó que el aparato es ilegal -carece de licencia- y, por tanto, inició un proceso de clausura. Un año después, Salburua Bizirik reiteró que la situación seguía igual, pero la respuesta municipal llegó por carta hace una semana. En ella, justificaba que el pasado 29 de marzo se dispuso a precintar el dispositivo pero, al no aparecer ningún responsable, no pudo acceder a la instalación. Por tanto, la antena no pudo ser precintada. Sí se abrió, no obstante, un expediente sancionador contra la empresa propietaria. Este paso puede conllevar sanciones que oscilan entre 300 y 2.400 euros o bien el cierre de la instalación durante un máximo de un año.
La conclusión de Salburua Bizirik es que casos como éste evidencian "lo rentable que sale a las multinacionales" instalar una antena ilegal. "Es preocupante que una antena pueda emitir durante dos años sin licencia y no pase nada", apuntan los vecinos. Por ello, argumentan que la actual normativa es cómplice de la actuación ilegal de este tipo de empresas.
El Ayuntamiento ya ha intentado, a través de un grupo de trabajo, renovar la ordenanza sobre este tema, pero el borrador de la nueva normativa no contenta a diversos colectivos, que esperaban un reglamento más exigente con las empresas de telefonía. Salburua Bizirik pide que se opere en esta línea, con una normativa "acorde a los tiempos" que facilite la información permanente sobre la emisiones e inmisiones vinculadas a estos aparatos.
