vitoria. El caso de la malla de Borinbizkarra afronta ya dos caminos paralelos hacia su resolución. Por un lado, están las negociaciones entre la constructora, Palmiro, y los 84 adjudicatarios, que vivirán el próximo lunes un momento clave. La firma presentará a los vecinos las posibles alternativas a la red metálica y se procederá a votar la solución final. Por otro, el Ayuntamiento de Vitoria sigue adelante con su decisión de frenar los trabajos: ahora, una vez recibidas las alegaciones de la empresa, calcula que en un mes tendrá preparada la respuesta. En cualquiera de los dos casos, parece que la retirada de la estructura ya está más cerca.

La reunión más importante en este sentido tendrá lugar este próximo lunes. Tras el cara a cara mantenido esta semana entre la constructora y diez representantes de los 84 adjudicatarios, se decidió citar a todos los vecinos en una nueva reunión, donde la empresa expondría las posibles alternativas a la malla. Fuentes de la compañía insistieron en que, pese a que se había hablado de que sustituir la malla podía resultar complejo, dado además el carácter sinuoso de las terrazas, había diversas opciones factibles. Éstas serán presentadas en la reunión de la próxima semana y votadas para decidir la solución definitiva. Después, Palmiro trasladará el resultado al Ayuntamiento de Vitoria.

Y, mientras, los trámites iniciados en la Casa Consistorial después de que el Departamento de Urbanismo decidiera, el pasado día 1, frenar la construcción de estos dos bloques de VPO siguen adelante. Fuentes municipales precisaron que, después de que este miércoles se recibieran las alegaciones de la constructora a la paralización de la obra -insistió en que la malla se ajusta al proyecto aprobado y al Plan General-, ahora se preparará una nueva resolución. Hay dos opciones posibles: el Ayuntamiento puede estimar las alegaciones de la empresa, lo que obligaría a la firma a preparar un nuevo proyecto; o bien, si el ejecutivo se reafirma en su decisión, la instalación de la malla sería ilegalizable y, por tanto, habría que proceder a su retirada. Las mismas fuentes explicaron que se espera que esta decisión se conozca en un mes, aunque sería recurrible y la empresa tendría la posibilidad de acudir a la vía del contencioso-administrativo.

Sea como fuere, en ninguno de estos supuestos el Ayuntamiento impondría una sanción económica. Además, a pesar de que los vecinos y la constructora finalmente logren un acuerdo, en todo el caso el Consistorio tendría que seguir adelante con estos trámites para desenredar esta polémica, iniciada después de que los adjudicatarios advirtieran del peligro de la malla.