Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria actuó "conforme a derecho" en el caso de las marquesinas. Así lo recoge una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria, que da la razón al ejecutivo encabezado por Patxi Lazcoz en esta polémica y desestima, por tanto, la demanda de la empresa El Mobiliario Urbano SA (Elmusa). La firma aún puede recurrir, pero desde el equipo de gobierno mostraron su "satisfacción a todos los niveles" porque ven esta decisión como la definitiva en un caso que comenzó hace ya una década.

Fue entonces cuando el Consistorio se decidió a renovar el mobiliario urbano de Vitoria. En el concurso, la firma Elmusa fue la mejor valorada, pero el PSE ya mostró entonces sus dudas porque la compañía podría llevarse las marquesinas tras los 14 años que duraba el contrato. Así se inició un nuevo concurso, que esta vez ganó otra empresa: Cemusa. Y surgió la polémica. Elmusa demandó al Ayuntamiento y ganó, por lo que se le adjudicó el concurso, pero Lazcoz canceló la operación porque la empresa "no formalizó el contrato dentro del plazo legalmente establecido".

El teniente de alcalde, el socialista Juan Carlos Alonso, recordó ayer los "ríos de tinta" escritos sobre este tema y cargó las tintas contra el PP, que presentó una querella contra Lazcoz por prevaricación. Ese caso fue sobreseído, pero los populares aún dudaban del coste que el enfrentamiento judicial con Elmusa podía costar a las arcas municipales. Y, con insistencia, criticaron la falta de novedades a este respecto.

Ayer, en conferencia de prensa, Alonso presentó la sentencia emitida el pasado 23 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria. En ella, la jueza da la razón al ejecutivo y desestima la demanda de la firma. Esta decisión, además, permite al Consistorio quedarse con la garantía provisional de 15.025,30 euros que puso en su día la empresa.

El teniente de alcalde destacó, así, que este caso "no ha costado ni siquiera un euro" al Ayuntamiento, lejos de la "catástrofe" económica que anunció el PP. La sentencia aún es recurrible, pero Alonso dio a entender que espera que la empresa por fin arroje la toalla tras esta decisión judicial, que en su opinión ha dejado claro que "el Ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer".