Vitoria. Si la relación del gobierno socialista con el comité de empresa del Ayuntamiento ya era tensa, el auto recién emitido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha acabado por romperla. El juez exige que se readmita a la funcionaria Begoña Vázquez al considerar que la decisión que adoptó el gabinete de Patxi Lazcoz en octubre del año pasado, mandar a la calle a la entonces máxima representante de los trabajadores municipales, fue "contraria a Derecho". Un dictamen que da alas a ELA, el sindicato mayoritario en el Consistorio y al que pertenece esta mujer. Desde el principio denunció que el despido fue "una venganza" del alcalde contra la central por quejarse demasiado alto y "una manera de amedrentar" a los funcionarios. Y, por eso, ahora va a ir a por todas: ayer exigió la dimisión del primer edil y, si es posible, emprenderá medidas de tipo penal contra él -se atrevió a hablar de prevaricación-.

El varapalo jurídico que pesa sobre Lazcoz, el segundo en un sólo mes tras el caso de Antonio Cuerda, tiene su origen en una OPE del año 2000. Se convocó para cubrir ocho puestos de Limpieza 1 -vigilancia en centros educativos- y uno de ellos se lo llevó Begoña Vázquez. En 2002, un opositor que no había logrado plaza realizó una reclamación porque el Consistorio no había computado sus méritos, lo que había hecho que se quedara fuera de la lista de agraciados. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia a su favor en 2005. El gobierno, entonces liderado por el PP, apuró al máximo los plazos y ya en 2007, con Lazcoz en la Alcaldía, el denunciante exigió la ejecución forzosa del dictamen. Así que en julio de ese año, el nuevo ejecutivo tomó las riendas y concluyó que, para readmitir a ese hombre, había que despedir a otra persona, la que menos puntos tenía.

Ahí entró en juego el comité. "Solicitamos que los errores de la administración no recayeran sobre los opositores", recordó ayer Roberto Vidal, miembro de la sección de ELA en el Ayuntamiento. "Y que se aprovecharan las vacantes para que nadie pagara el fallo", apuntó Ramón Uriarte, responsable de la Federación de Servicios Públicos en Álava. Entonces Función Pública solicitó un informe jurídico, y la cruz apareció sobre otro nombre, Begoña Vázquez, una opción que sólo podía ser posible si no se tenían en cuenta sus méritos. "Remitimos sentencias, que ahora son citadas en el auto y que dejaban claro que no podían despedirla. Y acordamos de forma verbal con el alcalde esperar a una nueva clarificación", continuó Uriarte. Pero en octubre de 2009, sin nuevo dictamen, se echó a Vázquez.

¿Por qué? "No nos acojonamos ni chupamos culos. Tras aquel acuerdo, continuamos haciendo sindicalismo y denunciamos tratos de favor, el traslado de los locales de los sindicatos a una residencia, falta de negociación...", subrayó Uriarte. Unas palabras que ratificó otro compañero, Luis Fernández. "Lazcoz actúa de forma dictatorial. Encargó el informe jurídico a golpe de corneta, pero el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio". Por desgracia, el auto podría tener nefastas consecuencias. Exige que se valoren los méritos de todos los aspirantes de aquella OPE, lo que obliga a reorganizar la lista y podría poner en la picota "a más funcionarios" si se persiste en la idea de despedir a los que sobran en vez de aprovechar las actuales vacantes.