El Gobierno no ampliará la moratoria hipotecaria ni vetará más cortes de agua o luz

El Ejecutivo dio luz verde al llamado escudo social en marzo con varios decretos en los que recogía medidas sanitarias, económicas y sociales para hacer frene a la crisis de la covid-19 y las consecuencias del confinamiento derivado del Estado de alarma decretado.

Sin embargo, en julio aprobó tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre la protección que garantizaban las medidas excepcionales para aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos hasta el 30 de septiembre. En este caso, la tendencia se invierte y el escudo social queda debilitado de cara a futuro. De esta forma, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, que se ha podido solicitar hasta el día de ayer, 29 de septiembre, tendrá una duración de tres meses, al tiempo que la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, concluye hoy.

Por su parte, el veto a los lanzamientos, los alquileres abusivos y las medidas relativas a los grandes tenedores sobre alquiler se amplían hasta el 31 de enero de 2010. La prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional concluía este viernes, mientras que el veto a alquileres abusivos y las medidas sobre grandes tenedores finalizaba hoy.

En detalle, la prohibición de desahucios se sustentará en las mismas condiciones marcadas el Real Decreto Ley de marzo, ampliada ahora hasta el 31 de enero junto a la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas. También se prolongan las medidas sobre grandes tenedores o propietarios de diez o más viviendas respecto al alquiler, que "tendrán que decidir" entre aplicar a los clientes una rebaja del 50% o una reestructuración de la deuda en, al menos, 3 años.

El acuerdo para esta prórroga, a instancias de Unidas Podemos, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición, si bien finalmente no se ha conseguido ampliar la moratoria hipotecaria ni la prohibición de cortes de suministros al ser frenado por el Ministerio de Asuntos Económicos, según señalaron fuentes de la negociación.

Ya en julio el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros de Unidas Podemos en la coalición, la necesidad de extender, al menos hasta 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos. Podemos y sus socios incidían en que estas medida debían ser ampliadas al menos hasta el próximo año, para poder "seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma", del mismo modo que también se están extendiendo los ERTE hasta el 31 de enero.

El documento que PSOE y Unidas Podemos elaboraron de forma conjunta con sus propuestas sobre Política Social en la Comisión para la Reconstrucción que se creó en el Congreso ya contemplaba la necesidad de prorrogar algunas de las medidas, como las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda. Sin embargo, en dicho documento no se especificaba fecha alguna. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió este viernes por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "alargue y amplíe" como mínimo seis meses más la moratoria antidesahucios de alquiler de familias en extrema situación de vulnerabilidad.

Desprotección. Facua-Consumidores en Acción criticó que el Gobierno no amplíe la moratoria hipotecaria, una medida que vencerá este miércoles, 30 de septiembre, y que considera "ya de por sí poco accesible" por los "excesivos" requisitos de vulnerabilidad para acceder a ella. Asimismo, la asociación lamentó que el Ejecutivo no vaya a ampliar la prohibición del corte de suministros básicos. Al respecto, Facua advirtió de que las familias de situación vulnerable "se encontrarán ante la incapacidad económica de afrontar el pago de varias facturas acumuladas y sin un respaldo jurídico".