- Un par de veces al año el Departamento de Vivienda envía miles de cartas a aquellas personas que cumplen con los requisitos para que les sea reconocido el Derecho Subjetivo de Vivienda. En algunos casos inician los trámites por iniciativa propia y en otros, esta comunicación oficial del Gobierno Vasco se convierte en la puerta de entrada a esa cobertura social. En total, 4.613 personas tienen reconocido este derecho. De esos, poco más de un millar (1.048, en concreto) accedieron ya a una vivienda y 2.697 tendrán prioridad en las adjudicaciones de próximas promociones.

Además, otras 692 personas más optaron por cobrar la Prestación Económica de Vivienda (PEV), una ayuda de hasta 250 euros para pagar el recibo mensual del alquiler que llega a unas 25.000 unidades familiares. Para acceder a esa PEV no es necesario ser perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), como si lo es para ser beneficiario de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), subsidio llamado a desaparecer con la Ley Vasca de Vivienda. "Puedes tener unos ingresos mínimos, pero eliges que te den vivienda en alquiler o la PEV. Hay gente que prefiere la PEV. Viven en alquiler y se arreglan con esa ayuda", ilustraban fuentes del Departamento.

La mayoría de esos 692 expedientes están censados en Bizkaia. Según los datos facilitados a DNA, un total de 526 transferencias bancarias por las 112 firmadas en Gipuzkoa y las 54 de Araba. El territorio vizcaíno encabeza también los otros capítulos del Derecho Subjetivo de Vivienda: casi la mitad (462) de ese millar de adjudicaciones y el 78% de la opción Prioridad en futuras promociones. Las estadísticas son reflejo de una realidad marcada por los impactos sociodemográficos contemporáneos: densidad de población, fenómenos migratorios, natalidad, desempleo y precariedad laboral,€ El resumen de todo ello es que el 70% de las personas que tienen reconocido su derecho a vivienda están empadronadas en Bizkaia. Son, en números redondos, 3.250 frente a los 794 de Araba y los 569 de Gipuzkoa.

La satisfacción del reconocimiento del derecho subjetivo puede suponer la adjudicación de una vivienda en régimen de alquiler o, en el caso de que no existan pisos disponibles, el acceso a esa prestación económica para el pago del alquiler privado, con un máximo de 250 euros mensuales, "y que debe destinarse exclusivamente a este fin", apostillaban. Los requisitos para entrar en esa bolsa son carecer de casa, estar inscrito en Etxebide como solicitante de vivienda protegida en alquiler con una antigüedad mínima de cuatro años y tener unos ingresos anuales de hasta 15.000 euros en unidades de convivencia de tres o más miembros, 12.000 euros para dos personas y 9.000 para una sola.

El número de personas que tienen reconocido ese derecho se estabilizó en torno a las cuatro mil desde el ejercicio 2018 y la cifra varía ligeramente cada curso. Y una cadencia similar tienen los expedientes vinculados a la PEV que cada año son extinguidos (entre 150 y 200) por la Administración General Vasca atendiendo a distintos criterios recogidos en la Ley. De momento, una de las prioridades para esta nueva Legislatura será aprobar el marco normativo que posibilite la conversión definitiva de prestaciones, lo que significará la desaparición de la PCV. "Eso implica una nueva manera de gestionarlo, con personal dedicado específicamente a eso, trasvase de recursos de Lanbide a Vivienda, intendencia e infraestructura administrativa... Es importante porque si no se hace bien la gente podría dejar de cobrar la prestación, así que o se hace bien o se queda como está. La Administración debe ser ágil y eficaz para que las personas en ningún caso sufran las consecuencias de una falta de eficacia", redondeaban desde el Departamento.

La aprobación de ese Decreto que dotaría de una mayor autonomía al Derecho Subjetivo de Vivienda reconocido por ley en Euskadi -primera comunidad en incorporarlo a su corpus normativo- corre en paralelo con la apuesta por estimular el mercado inmobiliario. La propia institución del Ararteko solicitaba hace tiempo un incremento del parque público en régimen de alquiler para poder responder con garantías a las posibles solicitudes que en el futuro quisieran hacer efectivo ese Derecho Subjetivo de Vivienda.

Los números vuelven a proporcionar una idea de la situación presente y del camino recorrido. En 2016, por ejemplo, había 20.500 viviendas públicas de alquiler que representaban el 25,95% del total del parque de vivienda público, mientras que a finales de 2019 estas viviendas de alquiler eran ya 23.594 y suponen el 30,86% de la cuota total de vivienda pública. Y otro dato: de las sesenta mil personas que hay apuntadas en Etxebide, el Servicio Vasco de Vivienda, el 80% demanda vivienda en alquiler.

Por otra parte, el Departamento de Vivienda, a través de Alokabide, ha pasado de gestionar directamente el alquiler de 11.963 viviendas en enero de 2017 a administrar 2.525 más en junio de 2020; es decir un total de 14.488. Además, uno de los programas que más ha crecido en este tiempo ha sido el de captación de vivienda vacía, Bizigune, que ha pasado de 4.480 viviendas a 6.103. "Se trata de una apuesta interesante porque nos permite poner en circulación, en el mercado, viviendas en alquiler en poco tiempo". Sacar adelante una promoción de viviendas bien puede llevar más de una legislatura,€, además de una suma considerable de dinero.

2015

La aprobación de la Ley vasca de Vivienda en el año 2015 supuso una auténtica revolución en materia de reconocimiento de Derechos Sociales ya que se pasa del simple enunciado de la Constitución española (artículo 47) que habla del "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" a efectivamente consagrar ese principio en una ley de aplicación integral en favor de aquellas personas que no tienen casa y, al mismo tiempo, carecen de los recursos económicos para conseguir una. Desde su aprobación se ha reconocido este derecho subjetivo a 4.613 personas en Euskadi: 3.250 en Bizkaia, 794 en Araba y 569 en Gipuzkoa.

Acceso directo. Todas, sin excepción, son consideradas solicitantes con especial necesidad de vivienda y, como tales, sus expedientes reciben una puntuación extra y el sello de 'prioritario' para futuras promociones. Además, no se tienen en cuenta los requisitos de ingresos ni de empadronamiento para facilitar que esa mujer, víctima de violencia machista, intente rehacer su vida en otra localidad. En los casos más graves, en los que concurren más circunstancias de vulnerabilidad social y hay menores al cargo, se reconoce el derecho de adjudicación directa de vivienda en alquiler. El año pasado, este recurso se activó para 30 mujeres y, hasta este pasado mes de junio ya van 23 adjudicaciones directas.

"Bizigune nos permite poner en circulación, en el mercado, viviendas en alquiler en poco tiempo"

Viceconsejero de Vivienda