- La transferencia de las prisiones a Euskadi, que se hará efectiva el 1 de octubre, es un proceso “complejo que requiere de puentes de transición para facilitar un cambio lo menos traumático posible”. Así lo afirmó ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que aseguró que “en el centro de todas nuestras acciones están las víctimas”, así como los propios internos y el funcionariado de las prisiones. En este caso, se trata de un colectivo de cerca de 700 personas, que junto al personal contratado, pasará a depender de la Administración vasca.
Para garantizar un trasvase “ordenado, correcto y satisfactorio para todas las partes”, avanzó que la dirección de Administración de Justicia, encargada de gestionar esta competencia, está preparando un plan de acogida dirigido a los trabajadores de las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene, que se situarán bajo la órbita de Lakua. El objetivo de dicho plan es generar “un conocimiento y una confianza mutua” para resolver las “dudas e incertidumbres” que se generen sobre los “efectos” del acuerdo de la transferencia.
Artolazabal quiso lanzar un mensaje de tranquilidad en la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, donde compareció a petición propia para explicar las líneas maestras del modelo penitenciario vasco. En dicho foro, aseguró que, durante su visita a las tres prisiones, los trabajadores “me han transmitido sus esperanzas, temores e inquietudes, la incertidumbre lógica que provoca todo cambio”. Pero “nuestro objetivo es que el 1 de octubre sientan que nada ha cambiado”.
En esta línea se enmarcan también las reuniones bilaterales que se han convocado con las organizaciones sindicales más representativas: ELA, LAB, CCOO y UGT, a las que se sumará CSIF, para “negociar las condiciones laborales y las cuestiones que les afectarán por el cambio de Administración”.
La consejera insistió en que el éxito del desarrollo del modelo penitenciario no depende solo del departamento que ella dirige, sino que es una responsabilidad transversal del Gobierno Vasco. Aquí se enmarca la constitución hoy del órgano interdepartamental que vertebrará este trabajo y en el que estarán representadas consejerías como las de Gobernanza Pública y Autogobierno, Salud, Educación y Seguridad, entre otras.
Tras la intervención de la consejera fue el turno de los grupos, y el portavoz de PP+C’s, Carmelo Barrio, reclamó que no se dispense un “trato de favor a los presos de ETA”, al tiempo que desveló la supuesta inquietud de los funcionarios por el futuro papel del euskera en su labor. Artolazabal insistió en que se tratará a todos los reclusos por igual y pidió que no se utilice el euskera como un “arma arrojadiza”.
Julen Arzuaga, de EH Bildu, dijo que esperaba de la consejera “un discurso más técnico y menos político”, instó a “no mirar al pasado y proyectar al futuro” y propuso realizar un estudio sobre los efectos de la política de excepción. La destinataria de estas cuestiones respondió que “hay que mirar al futuro sin pasar página para saber lo que ha pasado” y recogió el guante sobre el posible estudio.
Estarán en el centro de la futura política penitenciaria. Tras las reuniones de Artolazabal con la AVT y Covite, pretende mantener una “comunicación fluida” y “estrecha relación” con las asociaciones.
Es la base del modelo penitenciario vasco, basado en “las tres erres: resocializar, reeducar y reinsertar” a los presos. Según la consejera, “el solo castigo como elemento reconductor tampoco es la solución”.
Para darle un futuro uso a la clausurada cárcel de Nanclares. El Estado concluirá en la segunda mitad de 2023 la nueva prisión de Zubieta, que sustituirá a la de Martutene.
“Este trasvase requiere de puentes para facilitar un cambio lo menos traumático posible”
Consejera de Igualdad y Justicia
