- El PNV ha vuelto a sacar brillo a su perfil negociador en Madrid. Tras haber pasado unas semanas complicadas en las que el presidente español, Pedro Sánchez, no ha cuidado del todo a sus socios jeltzales y ha coqueteado con otros partidos, el PNV le arrancó ayer una concesión relevante y se anotó un logro político y social: el presidente de la ejecutiva, Andoni Ortuzar, pactó con la vicepresidenta española, Carmen Calvo, la transferencia a la comunidad autónoma vasca y Nafarroa de la gestión del ingreso mínimo vital, lo que supondrá que sean ambas comunidades las que gestionen el pago de esa nueva ayuda social que va a aprobar mañana el Estado. Lo harán por su singularidad foral.

En el caso del Gobierno Vasco, la ayuda se tramitará a través de Lanbide, al igual que la renta de garantía de ingresos vasca, lo que evitará a los ciudadanos el trasiego de tocar de ventanilla en ventanilla, desde la Seguridad Social estatal hasta Lanbide, para recibir esas ayudas. El PNV se puede anotar el tanto de un pacto que tendrá impacto en la vida cotidiana de los vascos con esa gestión unificada en una sola ventanilla, pero no termina ahí lo conseguido.

A nivel competencial, se puede leer como un primer paso hacia la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, el traspaso más difícil y más codiciado. El único precedente de la gestión vasca en un asunto relacionado con la Seguridad Social es el acuerdo sobre las pensiones no contributivas de las que se encargan las diputaciones forales.

Además, el ingreso mínimo estatal será una base y la renta de garantía de ingresos lo completará en aquellos casos en que un ciudadano tenga derecho a una cantidad más elevada de dinero siguiendo los criterios de la ayuda vasca. Por ejemplo, en el caso de un adulto que viva solo, tendría derecho a un IMV de 462 euros, pero la cobertura de la RGI vasca es más garantista y puede ascender como máximo a 693,73 euros, y en ese supuesto la renta vasca pagaría esos euros de más como complemento a la renta estatal.

El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, quiso dejar claro que ningún beneficiario de la RGI cobrará menos por la irrupción del ingreso estatal, pero tampoco habrá duplicidades en el cobro, de manera que en Euskadi no se va a duplicar la cantidad que ponga el Estado, sino que se va a complementar. Es ahí donde entra la posibilidad de que exista un ahorro para las arcas autonómicas, pero está por definir.

A primera vista, parece que ese ahorro se va a producir y que el dinero sobrante se podrá invertir en otras políticas, pero también entra en juego el pago que tendrá que realizar Euskadi al Estado en el Cupo por esta prestación. El Cupo es el dinero que se paga al Estado por los servicios que ofrece en suelo vasco y que supone un 6,24%.

El IMV se calcula en unos 3.000 millones de euros al año en todo el Estado, de manera que el Cupo podría ser de unos 180 millones. Lo más operativo podría ser que Lanbide ponga de su bolsillo el dinero del IMV en la ventanilla, y después se reste del Cupo, pero también podría suceder que el Estado pague las prestaciones y sea después Euskadi quien abone la compensación en el Cupo.

El PNV preserva también la bilateralidad en las relaciones con el Estado, una singularidad propia del sistema foral de la CAV y Nafarroa. Se ha justificado la necesidad de este traspaso en que el IMV pedirá requisitos relacionados con el patrimonio y el IRPF, cuestiones donde la información de primera mano la tienen las haciendas forales. En vista de la trascendencia política y económica del pacto, solo se entiende desde la perspectiva de que Sánchez está haciendo lo posible por amarrar al PNV como aliado. En esta misma semana, ha prometido una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para formalizar tres traspasos en junio.

influencia en nafarroa El PNV ha logrado una especie de póker de ases en el frente político, económico, social y competencial. En lo político, además de ver reforzada su influencia en el Congreso de los Diputados tras el conato de acercamiento de los socialistas a EH Bildu con la reforma laboral, escenifica su influencia también en la política navarra al lograr el mismo acuerdo para la comunidad foral, donde participa en el gobierno a través de Geroa Bai. En Nafarroa, funciona la renta garantizada.

Sánchez logra recomponer en cierta medida la confianza del PNV, descontento por haber forjado a sus espaldas el polémico y después matizado pacto con la izquierda abertzale. Esteban dejó ver que el PNV llevaba semanas trabajando en este acuerdo, de ahí que tampoco quisiera romper la baraja con Sánchez por el pacto con EH Bildu. "No es algo de tres días", dijo. Puso en valor el papel del PNV, que seguirá llegando a acuerdos en la legislatura "en beneficio de la CAV y Nafarroa".

En cualquier caso, aclaró que no supone su apoyo a una eventual sexta prórroga del estado de alarma, de la que desconoce sus términos. Sí concedió que se han recogido ideas que ha deslizado él mismo, como que el estado de alarma quizás no es ya necesario, o solo en ciertos territorios. Y dijo que el depósito de confianza en Sánchez está "un poco más lleno que ayer".

El traspaso se realizará antes del 31 de octubre (mientras tanto, se acordará una encomienda de gestión). El PNV espera ver el texto plasmado en el real decreto ley que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. La negociación la cerraron Ortuzar y Calvo, y participaron en ella Esteban y el ministro Escrivá, así como la consejera Beatriz Artolazabal.

El PNV consideró que se respeta la bilateralidad y se encauzan posibles conflictos jurídicos. El IMV "será una renta base no complementaria a la que puedan implementar la CAV y Nafarroa". El pacto añade que "cualquier referencia" a ambas comunidades en el decreto deberá pactarse antes. El PNV se compromete a votar a favor de ese decreto, que incluirá una disposición adicional que establezca que "en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su ámbito territorial las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto ley se atribuyen al Instituto Nacional de Seguridad Social".

El traspaso se plasmará en la Comisión de Transferencias. Esteban dijo que el pacto es "muy importante" y tiene valor "político, económico, competencial y para la ciudadanía". "Euskadi sigue preservando sus competencias y cercanía en la gestión", dijo. El PNV dio un alto valor al acuerdo como un "logro político" en tiempos de "tentaciones recentralizadoras". Esteban también opinó que puede ser "el inicio" del traspaso de la Seguridad Social.

Ahora queda la incógnita de si las rentas serán compatibles, porque algunos requisitos son distintos. No así el de la edad, donde el corte se sitúa a partir de los 23 años en las dos.

Entre Ortuzar y Calvo. El ingreso mínimo será una renta base, y la RGI de la CAV y la renta garantizada navarra la completarán. Se gestionará desde ambas comunidades por "la especificidad que supone la existencia de haciendas forales". El traspaso se formalizará antes del 31 de octubre. Mientras tanto, se acordará una encomienda de gestión. El PNV estará atento a que esta disposición adicional se incluya mañana en el decreto del Consejo de Ministros y votará a favor.

Funcionamiento. Un vasco que viva solo tendría derecho, si cumple con los requisitos del Estado, a un ingreso mínimo vital de 462 euros. Con la RGI, cobraría más, hasta 693,73 euros. El IMV pondrá la base de los 462 euros, y la RGI vasca pondrá de su bolsillo lo que queda hasta completar los 693,73. Ningún vasco que perciba la RGI verá mermado su ingreso, pero tampoco se van a duplicar las cantidades que ponga Madrid, sino que la RGI vasca completará lo que abone el Estado. Si un vasco tiene derecho a la RGI pero no al IMV, seguirá cobrando la RGI.

850.000 familias. El ingreso estatal espera cubrir a 850.000 familias, unos 2,3 millones de personas. El requisito mínimo de edad se sitúa en los 23 años. El abanico va desde los 462 euros hasta los 1.015, en función de que se viva solo o se tengan hijos. La idea es pagarlo ya en junio.

Tres años. Cubre a 53.274 familias, 95.371 personas. Se exigen tres años de empadronamiento. Dos de cada cinco perceptores están en paro, y uno con trabajo precario. El 25,3% es pensionista.

Cobertura. Unas 15.000 familias. UPN acusó ayer al PNV de atacar el autogobierno navarro con el pacto, obviando que está en el Gobierno a través de Geroa Bai.

"El depósito de la confianza en Sánchez está un poco más lleno que ayer"

Portavoz del PNV en el Congreso