Los rebeldes de Tigray ponen condiciones al alto el fuego en Etiopía

El TPLF fija la retirada militar, la rendición de cuentas y la llegada de ayuda como principios de paz

05.07.2021 | 00:11

adis abeba – El Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) exigió ayer al Gobierno etíope la retirada militar, la rendición de cuentas para los líderes de Etiopía y Eritrea, la llegada de ayuda humanitaria y la liberación de sus prisioneros como condiciones indispensables para negociar la paz con las autoridades centrales y poner fin al conflicto en esta región del norte del país.

La ofensiva de Etiopía contra el TPLF arrancó en noviembre de 2020 tras un ataque contra una base militar y después de un drástico repunte de las tensiones entre la formación y el Gobierno central. El conflicto ha provocado una grave crisis humanitaria, en medio de denuncias sobre abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales y eritreas en sus operaciones.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el portavoz del TPLF, Getachew Reda, aseguró que "el Gobierno de Tigray", liderado por el TPLF hasta el inicio en noviembre de la ofensiva etíope, y de nuevo en el poder, "está dispuesto y capacitado para extender su respaldo sin reservas a la hora de crear un ambiente favorable" para la llegada de ayuda a la población y, llegado el caso, "aceptar un principio de alto el fuego siempre y cuando se solucionen ciertos espinosos problemas".

Así pues, el TPLF exige el cumplimiento de seis condiciones para comenzar las negociaciones, comenzando por la retirada militar "de las fuerzas invasoras procedentes de (la vecina región de) Amhara, así como de Eritrea". Además, insta a la apertura de procedimientos contra el primer ministro etíope y contra el presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, a quienes acusan directamente de "infligir un daño incalculable" a la población de Tigray a través de la comisión de "genocidio y limpieza étnicas".

Exige también a Etiopía que permita el acceso "sin impedimentos" a ayuda humanitaria, el retorno seguro de los desplazados y el establecimiento de un programa de indemnizaciones. Finalmente, en el terreno político, solicita el retorno al pleno reconocimiento del grupo como máxima autoridad y representante del "gobierno democráticamente electo" de Tigray.

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