Begoña Gómez pide cerrar la pieza de malversación y las acusaciones quieren oír a Sánchez

La Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado este sábado al juez Juan Carlos Peinado que archive la parte de la causa en la que le investiga por malversación y que, en caso de llegar a juicio, será enjuiciada por un tribunal del jurado, informan a EFE fuentes jurídicas.

Tanto el fiscal como el abogado Antonio Camacho han formalizado esta petición en la vista convocada esta tarde para concretar la imputación contra Begoña Gómez y a la que la mujer de Sánchez ha decidido no acudir al considerar su defensa que se trata de un trámite para el que su presencia no es imprescindible.

Tampoco han asistido su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quienes han reclamado asimismo el archivo de esta pieza separada que gira en torno al nombramiento de la asesora y si realizó labores de asistencia para fines profesionales de la mujer del presidente del Ejecutivo en la Universidad Complutense de Madrid.

Las acusaciones piden que Sánchez vuelva a declarar ante Peinado

Al mismo tiempo las acusaciones populares, lideradas por la asociación Hazte Oír, han solicitado al juez Peinado que cite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo en la pieza separada en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por malversación.

Según informan a EFE fuentes jurídicas también han reclamado la testifical del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el marco de la pieza en la que investiga si la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, pagada con fondos públicos, la asistió para tareas vinculadas a su faceta profesional en la Universidad Complutense de Madrid.

De aceptar el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, estas diligencias, sería la segunda vez que Pedro Sánchez y Félix Bolaños declaran como testigos; el primero lo hizo ya en julio de 2024 y el segundo el Miércoles Santo de 2025, ambos en el palacio de la Moncloa, adonde el magistrado se desplazó para interrogarles.

No es imprescindible la presencia de los investigados

El juez había emplazado a los tres para la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley del Jurado, que consiste, en esencia, en concretar la imputación de los investigados y en que las partes soliciten o bien el archivo de esta pieza separada o bien la continuación de la causa.

Un trámite de la ley en el que, según explican las fuentes, las defensas consideran que no es imprescindible la presencia de los investigados porque se trata de un derecho a ser informado directamente y no asistir no influye en el procedimiento. Con la presencia de sus abogados basta.

Las defensas se basan en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995, mismo año de la ley del jurado, que avala que solo acudan los abogados a este tipo de vistas.

"En cuanto al imputado, porque, como ya se ha visto, el traslado de la imputación ha debido hacerse en un momento anterior. En la comparecencia sólo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado. La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia, como se verá enseguida, no se practican diligencias de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado", reza la circular, nº4/1995.

Un jurado popular

El magistrado fijó esta comparecencia este sábado a las 18:00 horas después de decidir que en el caso de que esta pieza separada en la que se investiga un delito de malversación llegase a juicio, sea enjuiciada ante un tribunal del jurado.

El juez Peinado investiga en esta pieza el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez y si pudo haber malversación en el caso de que haya desempeñado funciones privadas para la mujer del presidente del Gobierno, vinculadas a su faceta profesional, pero pagadas con fondos públicos.

La pieza discurre al margen del procedimiento principal, en el que Peinado investiga a Begoña Gómez por delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.