Los portavoces del PNV, EH Bildu, Geroa Bai, ERC, JuntsxCat, CUP, Más País, BNG, Compromís y Més per Mallorca han suscrito este martes en el Congreso una declaración conjunta sobre la muerte en prisión de Igor González para solicitar al Gobierno español el fin de la política penitenciaria de excepción. El preso bilbaino fue hallado muerto el pasado 4 de septiembre en su celda de Martutene.

En la declaración de tres puntos, los firmantes recuerdan que "en aplicación de los derechos que le asisten y acorde a la Ley Penitenciaria ordinaria, debería haber abandonado la prisión en marzo de 2020 al haber cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta por los tribunales". Además, añaden que González "se encontraba enfermo y en tratamiento, condicionantes que deberían haber conllevado la posibilidad de continuar el tratamiento fuera de prisión".

Las diez formaciones recuerdan que "el Estado tiene el deber de velar por la vida de las personas privadas de libertad, extremo que en este caso no se ha cumplido. El incumplimiento de estos derechos del preso le han llevado a morir en prisión y, por tanto, consideramos que no se han tomado todas las medidas necesarias que podrían haber evitado la muerte de González".

Y por último, llaman a evitar situaciones similares en el futuro: "Para ello, solicitamos al Gobierno español el fin de la política penitenciaria de excepción que aún se aplica a los y las presas vascas para dar paso a una legislación penitenciaria adecuada al nuevo tiempo, respetuosa con los derechos de los y las presas vascas, que ponga fin al alejamiento procediendo a su traslado a cárceles vascas y esté basada en los objetivos de normalización, pacificación y construcción de la convivencia que demanda la sociedad vasca".

El caso de González ya estuvo presente la pasada semana en el Senado, cuando el presidente español, Pedro Sánchez, mostró su pesar por la luctuosa noticia, lo que le valió las críticas del PP, Vox y C's. Así, la formación ultraderechista preguntará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "qué opinión le merece que el presidente lamente públicamente el suicidio de un etarra". El responsable de realizar la pregunta será el diputado Ignacio Gil Lázaro, exdiputado del PP y ariete contra el anterior Gobierno socialista y el entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba a cuenta del caso Faisán.